PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INCLUSIÓN

El 3 de mayo se conmemoraron trece años de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, tratado universal que tiene como propósito promover, proteger y  garantizar los Derechos fundamentales de todas las Personas con Discapacidad.

La Convención propició en nuestro país la creación y la aprobación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, normativa que armoniza las demandas de la Convención y el enfoque de derechos humanos.

La Ley Especial de Inclusión entró en vigor el pasado 1 de enero, tras pasar 5 meses de este acontecimiento significativo para este colectivo, nos preocupa que aún no se den visos para el efectivo cumplimiento de dicha Ley.

En ese sentido las Organizaciones de y para personas con discapacidad que aglutinamos la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, expresamos lo siguiente:

1. A la Asamblea Legislativa que inicie un proceso de armonización de las normativas nacionales conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con discapacidad y a la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
2. Que la Asamblea Legislativa cree los mecanismos necesarios para que la Comisión de Hacienda vigile el cumplimiento del artículo 10 referido a la asignación presupuestaria por parte de las instituciones gubernamentales en Cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
3. Que la Asamblea Legislativa solicite informes, a las instituciones del Órgano Ejecutivo sobre la asignación presupuestaria para cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
4. Que la Asamblea Legislativa se abstenga de modificar la antigua Ley del FODES, ya que es una posibilidad de fuente de financiamiento de las alcaldías municipales para el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
5. Al Presidente de la República, Nayib Bukele y a su gabinete de gobierno, a que adopte medidas concretas para que los  ministros-as y vice ministros-as asuman con responsabilidad su rol dentro del CONAIPD y que se elabore a prontitud la Política Nacional de Inclusión, y los reglamentos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión.
6. Al Ministerio de Hacienda, al momento de elaborar  la política presupuestaria correspondiente al año fiscal que incorpore los lineamientos respectivos los cuales serán de estricto cumplimiento  para que las instituciones públicas asignen presupuesto de la Ley Especial de Inclusión.
7. Al Ministerio de Salud, a que fortalezca y amplíe políticas y programas de rehabilitación y habilitación integral adoptando la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, con el fin de generar la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
8. Al Ministerio de Educación, a que desarrolle una política de educación inclusiva para que en todas las escuelas del país y cumpla con lo establecido en la Ley de Inclusión.
9. Al Ministerio de Trabajo, asegurar el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en ámbitos públicos como privados, en entornos laborales inclusivos, con dignidad, accesibles sin discriminación.
10. Al Ministerio de Cultura y al INDES, asignar un presupuesto específico para desarrollar programas culturales y deportivos en las zonas rurales del país.
11.  Al sistema de Administración de justicia garantizar los ajustes necesarios promoviendo el acceso a la justicia, el reconocimiento de la capacidad jurídica principalmente mujeres y niñas con discapacidad.

Finalmente, un llamado a la población en general a cambiar todas y todos hacia una sociedad más inclusiva y continúen apoyándonos en nuestras acciones de incidencia.

San Salvador, 5 de mayo de 2021

COMUNICADO DE ASOCIACIÓN “LOS ANGELITOS” ANTE LA ACTUAL EMERGENCIA POR LA COVID-19

Las familias organizadas en la Asociación Los Angelitos, conscientes de la gravedad y complejidad de la situación que enfrenta el país, generada por la actual pandemia y la elevada capacidad del virus COVID-19 de contagiar a la población y provocar muertes, así como el impacto negativo en la economía y la vida de ciudadanos y ciudadanas a causa de la necesidad de implementar medidas de contención como el distanciamiento social y confinamiento. Valoramos los esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y Gobiernos locales para llevar a la población medidas y acciones que ayuden a paliar la actual crisis provocada por la pandemia e intentar proteger a la población a fin de minimizar el drama social y humano.

Sin embargo, tal y como ha planteado la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas: “las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”. Tomando en cuenta que familiares, cuidadores, de hijos e hijas con discapacidad constituyen un grupo poblacional fértil para que la pandemia provoque mayores estragos y que, además, la construcción de una sociedad inclusiva conlleva la existencia de garantía de derechos, la existencia de instituciones democráticas fortalecidas y una cultura de protección de la dignidad humana, tanto como la priorización de la atención a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de los cuales las personas con discapacidad constituyen el grupo que enfrenta mayores riesgos, incluso en circunstancias “normales”.

En tal sentido, queremos hacer del conocimiento del Sr. Presidente, las instancias competentes y la opinión pública nuestras preocupaciones en torno a:

1. La imposición drástica de medidas oficiales, vigentes desde el 21 de marzo, en el marco de la lucha contra la COVID-19, ha derivado en violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas, violentándose de esta manera, el derecho a no recibir malos tratos por incumplimiento a guardar la cuarentena y ser trasladados sin la implementación de protocolos de salud pública a Centros de Contención.
2. Hemos observado que las medidas oficiales implementadas por las diferentes instituciones, tienen como esencia, el ser de carácter general, lo que no ataca la condición de mayor discriminación y múltiples barreras que afectan a las personas con discapacidad respecto de las demás personas.
3. Como organización que fundamentalmente tenemos presencia en el área rural, al momento, no hemos evidenciado medidas específicas acordes a las características de las comunidades rurales y su población, salvo las acciones de prevención y apoyo a familias en situación de pobreza, válidas, de Alcaldes y Alcaldesas pero que, de igual manera, en muchas ocasiones, omiten o invisibilizan a los familiares, cuidadores, responsables de hijas, hijos, jóvenes y personas con discapacidad.
4. La accesibilidad a la información. Puesto que se trata de una nueva pandemia, que obliga a los organismos internacionales, instituciones nacionales y privadas a estar continuamente formulando información, indicaciones y actualizando medidas en un corto tiempo. Las personas con diferentes discapacidades deberían contar con el pronto acceso a información en materiales y formatos adaptados y accesibles, por diferentes vías, tomando en cuenta las limitaciones de la zona rural y su correspondiente falta de acceso a tecnologías. Algo que a la fecha podemos afirmar que no hemos comprobado se haya considerado en la transmisión de la información e indicaciones sobre prevención del contagio.
5. La inexistente participación de las personas con discapacidad, sus familiares, sus organizaciones y la comunidad. La participación activa de estos diferentes actores, son fundamentales para reducir el riesgo de contagio y la supervivencia de las personas con discapacidad, así como la garantía de que las medidas y acciones que se implementen adquieran un carácter realmente inclusivo.

En base a lo expuesto, y basándonos en los compromisos internacionales y nacionales del Estado salvadoreño concretizados en acuerdos, convenios y, principalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual El Salvador es firmante, demandamos lo siguiente:  

1. Si bien es cierto, comprendemos la gravedad de la situación actual y estado de emergencia, que exige la toma de medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19, rechazamos que dichas medidas impliquen la restricción y suspensión de derechos fundamentales dado que es un atentado a familiares de hijos, hijas, jóvenes con discapacidad, en tanto que, debido al tipo de discapacidad, familiares personas responsables del cuido y en casos, la misma persona con discapacidad, se ven obligadas a la constante movilidad para consultas médicas, búsqueda de medicamentos, alimentos específicos y otros apoyos.
2. La implementación de medidas adicionales, es decir, específicas, que garanticen que familiares y cuidadores de personas con discapacidad puedan sobrellevar el confinamiento y la crisis, a través de medidas y acciones en atención en salud, medidas económicas a largo plazo, servicios legales, dotación de apoyos y otros, que eviten que dichas familias por su situación de vulnerabilidad caigan en una profundización de su pobreza, malos tratos, abusos intrafamiliares, abusos a niñas y mujeres o el consecuente contagio de los familiares o cuidadores, lo que podría derivar en la pérdida de la persona cuidadora o proveedora y, por tanto, el incremento del nivel de vulnerabilidad de la persona con discapacidad o en el peor de los casos, su muerte.
3. Poner especial énfasis en el área rural, donde es sobradamente conocido que la prestación de servicios en salud, agua, educación y otros, es deficiente en cobertura y calidad. Establecer mecanismos de coordinación con las municipalidades para que las medidas paliativas durante el período de emergencia no dejen fuera a las familias de los beneficios otorgados por el Ejecutivo o Gobiernos Locales, pero que, además, diseñen estrategias para que nadie quede fuera, considerando el levantamiento de censos y cualquier otra información o datos que garanticen el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad y sus familias durante el impacto de la pandemia.
4. La pronta y oportuna información en lengua de señas, materiales y formatos accesibles sobre decretos para prevenir y contener el virus, apoyos familiares, protocolos de salud pública para la atención de personas con discapacidad, contactos para reclamaciones, etc., para familiares, responsables de cuido y personas con diferentes discapacidades.
5. Partiendo de la premisa de que el bien colectivo trae como consecuencia el bien individual, exigimos la participación activa, es decir, la permanente consulta a familias, organizaciones, la comunidad y fundamentalmente las personas con discapacidad a fin de que formulación de estrategias, medidas y acciones de respuesta a la COVID-19, garanticen sus derechos y tengan una pronta respuesta a sus demandas sin discriminación en razón de su discapacidad.

Como familias organizadas permanecemos atentos a toda acción implementada desde el Gobierno y sus Instituciones para minimizar las consecuencias catastróficas de la COVID-19. Asimismo, demandaremos oportunamente ante instancias nacionales e internacionales las faltas al deber del Estado de asegurar el cumplimiento de los derechos de nuestros hijos, hijas y jóvenes con discapacidad signados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU.

Pronunciamiento: 3 de diciembre: Día Nacional e Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

3 de diciembre: Día Nacional e Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

 PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las  organizaciones de  y  para  personas con discapacidad, en este  día  nos  pronunciamos  ante la sociedad salvadoreña para dar cuenta de nuestras luchas y en demanda del cumplimiento de  nuestros derechos.

Nos llena de satisfacción que la Comisión Legislativa de Familia, Niñez,  Adolescencia, Adulto Mayor  y Personas con Discapacidad, se encuentre a unos  pasos  de culminar la revisión y aprobación del Proyecto de Ley de Inclusión  de  las Personas con Discapacidad.

Aprovechamos la ocasión para reconocer públicamente a las personas con discapacidad y sus organizaciones por la lucha constante y el esfuerzo de   mantenernos unidos por nuestros derechos y por el proyecto de ley; así mismo reconocemos el papel de la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en su incondicional acompañamiento a nuestras luchas; de igual manera queremos reconocer a la Comisión de Familia, Niñez,  Adolescencia, Adulto Mayor  y Personas con Discapacidad y equipo técnico asesor, por su diligencia al abrir espacio para la  opinión  de  las organizaciones en el proceso de discusión y aprobación.

Estamos en  la  recta final para obtener el dictamen de la Comisión y que este  pase al pleno legislativo, sin embargo, tenemos algunos puntos de preocupación, pues en el proceso de  formación de ley aún están   pendientes de discusión y aprobación artículos medulares, que citamos a continuación:

• Asignación presupuestaria del 5%  del presupuesto institucional de las entidades públicas, para garantizar los recursos financieros para las acciones de inclusión de las personas con discapacidad.
• Asegurar la participación política de las personas con discapacidad, y que los partidos políticos incluyan el 15% de personas con discapacidad, en sus planillas electorales a nivel nacional;
• Establecer una Cuota laboral para la contratación de personas con discapacidad, en una relación de, una persona con discapacidad por cada diez personas empleadas.
• Se asegure que las personas con discapacidad cuenten con una pensión  universal y  por sobrevivencia.
• Restablecer el equilibrio institucional del CONAIPD para la representación gubernamental en el Pleno, situación generada por la eliminación de la Secretaria de Inclusión Social, para lo cual proponemos sea considerada la Procuraduría General de la República como parte del Consejo.

Al resumir nuestra lucha en las acciones de incidencia local y nacional,  impulsadas en los últimos años y con el afán de promover la inclusión social de las personas con discapacidad, en las  políticas  públicas y  programas sociales, no dudamos que hemos logrado posicionarnos en la sociedad, pero también consideramos que nos encontramos en un momento crítico.

A partir de la nueva administración gubernamental no vemos claridad de cuáles son las  líneas estratégicas concretas para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, es de lamentar que aún no exista la entidad que retome el mandato de la extinta Secretaria de Inclusión Social y hacer efectivo el reconocimiento de  derechos a colectivos tradicionalmente discriminados y vulnerados.

Otro punto de preocupación de nuestras organizaciones es el CONAIPD. Actualmente la entidad rectora de la política pública de discapacidad enfrenta una grave crisis institucional, tanto en su mandato, como en la responsabilidad de la representación oficial de atender las sesiones del Consejo. Este hecho tiene graves consecuencias en su funcionamiento y nos preocupa que sus máximas autoridades estratégicas y operativas, no cuenten con claridad de su mandato, que no cuente con directrices claras para hacer operativa la rectoría; y que además hagan caso omiso a los planteamientos y recomendaciones de las representaciones de la sociedad civil, que son quienes mayor experiencia tienen en el tema. Es de lamentar que pese al discurso de inclusión del actual gobierno, por primera vez, desde la existencia del CONAIPD el ente rector no tiene prevista una conmemoración oficial que dé cuenta del interés y compromiso que el gobierno tiene con los derechos de las personas con discapacidad, pero tampoco atendieron la invitación a sumarse a la conmemoración organizada por la sociedad civil organizada.

Lamentamos que el CONAIPD, a nueve años de haber sido reformado en virtud del Decreto Ejecutivo No. 80, aun no cuente con las competencias para fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad, y menos aún, para gestionar con el debido respeto la participación activa de la sociedad civil organizada. Esta situación es un mal presagio para asegurar nuestra participación efectiva y aportar  en la implementación de acciones a partir de los mandatos de la ley de inclusión.  

Es por todo ello que en este día conmemorativo, aprovechamos para hacer un llamado a los tres órganos del Estado:

A los y las diputadas que forman parte de la Comisión, a que aprueben los artículos pendientes sin perder el espíritu de esta propuesta, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Llamado que extendemos a los  y las  diputadas de  todos los grupos parlamentarios, incluyendo al  diputado independiente, a dar sus votos  para la aprobación unánime de esta ley, como un primer paso para saldar la deuda histórica por la exclusión de los derechos de este colectivo, y sea el inicio para la construcción de  una sociedad más justa e inclusiva.

Al órgano ejecutivo instamos a que sancione la Ley de Inclusión de  Personas con Discapacidad y de forma pronta se creen  los mecanismos necesarios para su aplicación, así mismo garantice la  participación  activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Al  órgano judicial conforme a su mandato, garantice a las personas con discapacidad la igualdad de reconocimiento ante la ley y el acceso  a la  justicia, haciendo eco de las Recomendaciones del Comité: “derogue el régimen de declaratoria de incapacidad, cree un sistema de toma decisiones con apoyo y establezca las salvaguardias necesarias que garanticen la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones con las demás personas”.

Hacemos un llamado al Estado salvadoreño a que honre sus compromisos internacionales y a su obligación de dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y retomen las Recomendaciones del  Comité, en particular en lo que se refiere a:

• Destinar presupuestos para  impulsar políticas, planes  y programas  de protección de los derechos de las personas con discapacidad;
• Que adopte medidas políticas y jurídicas eficaces para  la  prohibición y sanción de todas  las formas de discriminación  por  motivos de discapacidad, incluyendo la eliminación  del lenguaje peyorativo a las personas con discapacidad en la legislación nacional;
• Que haga esfuerzos para la recopilación de datos estadísticos;
• Que garantice el acceso a servicios básicos y haya mecanismos y medidas de protección ante la violencia social y de género entre otras.

Finalmente invitamos a  todas las personas con discapacidad, sus familias y comunidades, a toda la sociedad  salvadoreña, a que se  sume a los esfuerzos en la defensa  de los derechos humanos, dejando claro que nuestro colectivo seguirá luchando  y  proponiendo acciones para hacer avanzar en la construcción de  una sociedad más justa y respetuosa de la diversidad humana y los derechos humanos.

San Salvador,  03 de diciembre de  2019