Las Organizaciones de y para Personas con Discapacidad demandan al Estado el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión.

San Salvador, 06 de octubre de 2021

Las organizaciones de y para personas con discapacidad, este día nos hacemos presente a Casa Presidencial para exponer nuestras demandas conforme a las obligaciones del Órgano Ejecutivo en el cumplimiento de nuestros derechos. Estamos aquí ejerciendo nuestro derecho legítimo consagrado en la Constitución de la República en su artículo seis “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos…”

El primero de enero del presente año, entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, desde entonces han transcurrido diez meses de dicha vigencia y aun no se visualizan acciones de cumplimiento de esta ley por parte del Gobierno de Nayib Bukele, por lo tanto, hacemos del conocimiento público las siguientes demandas:

• La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad es un punto de partida para la transformación de la sociedad salvadoreña hacia el respeto y garantías de los derechos de las personas con discapacidad, que hasta esta fecha es una deuda histórica, por tanto demandamos que el Presidente de la República, dé la importancia que merece esta ley, decretando las directrices pertinentes a todas sus dependencias gubernamentales para que se cumpla lo establecido en la ley; principalmente la elaboración del Reglamento que permita operativizar la ley en todos los nivel de las instancias del Estado. Señor presidente, USTED ha incumplido con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad al incumplir el periodo para la elaboración de dicho Reglamento. Le recordamos que este Reglamento debe ser consultado con las organizaciones de personas con discapacidad tal cual establece la ley.

• Las organizaciones de y para Personas con Discapacidad demandamos el establecimiento de los espacios de participación y diálogo con el gobierno, es un derecho legítimo establecido en la normativa nacional, pero además en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4, Obligaciones del Estado, numeral 3. Por lo que rechazamos rotundamente que el Presidente del Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) – Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza -Vice Ministro de Salud, este promoviendo reformas a la Ley Especial de Inclusión de manera inconsulta y sin la participación de los y las representantes de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional. Le recordamos señor Presidente que la Ley Especial de Inclusión ha sido elaborada desde las organizaciones, las cuales luchamos por siete años hasta que ésta se convirtiera en Ley de la República, por lo cual exigimos respeto.

• Exigimos que se cumpla el articulo 10 de la Ley Especial de Inclusión y que el Ministro de Hacienda, Licenciado José Alejandro Zelaya, garantice que el Presupuesto General de la Nación 2022, contenga recursos para la aplicación de esta ley desde las diferentes instituciones del Estado.

• Exigimos que el Presidente del Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad – Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza -Vice Ministro de Salud, inicie de manera urgente la Convocatoria para la conformación e instalación del Tribunal Sancionador establecido en la Ley Especial de Inclusión, y el cual se dote de recursos inmediatos para hacer posible su instalación  de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, y este entre en funciones el primero de enero de 2022.

• Exigimos que el CONAIPD retome su papel de autonomía conforme a las obligaciones que le dicta la ley, ejerza su rectoría e inicie urgente la Elaboración de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad; la cual disponga inmediatamente de acciones de protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad conforme a lo que la ley establece y sobre todo de cara al contexto de pandemia por COVID-19.

Finalmente hacemos un llamado de unidad a las personas con discapacidad en general a tomar postura crítica y exigir fuertemente el cumplimiento de nuestros derechos consagrados en la normativa nacional e internacional.

Las organizaciones de personas con discapacidad continuaremos luchando por los derechos: Organización de Personas con Discapacidad Visual, Organización de Padres, Madres y Familiares de Niñez con Discapacidad, Organizaciones de Personas con Discapacidad Municipales, Organizaciones de Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad en total dependencia, Organización de Atención a Personas con Discapacidad.

Cumpliendo Derechos, se Reducen Barreras…

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INCLUSIÓN

El 3 de mayo se conmemoraron trece años de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, tratado universal que tiene como propósito promover, proteger y  garantizar los Derechos fundamentales de todas las Personas con Discapacidad.

La Convención propició en nuestro país la creación y la aprobación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, normativa que armoniza las demandas de la Convención y el enfoque de derechos humanos.

La Ley Especial de Inclusión entró en vigor el pasado 1 de enero, tras pasar 5 meses de este acontecimiento significativo para este colectivo, nos preocupa que aún no se den visos para el efectivo cumplimiento de dicha Ley.

En ese sentido las Organizaciones de y para personas con discapacidad que aglutinamos la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, expresamos lo siguiente:

1. A la Asamblea Legislativa que inicie un proceso de armonización de las normativas nacionales conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con discapacidad y a la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
2. Que la Asamblea Legislativa cree los mecanismos necesarios para que la Comisión de Hacienda vigile el cumplimiento del artículo 10 referido a la asignación presupuestaria por parte de las instituciones gubernamentales en Cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
3. Que la Asamblea Legislativa solicite informes, a las instituciones del Órgano Ejecutivo sobre la asignación presupuestaria para cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
4. Que la Asamblea Legislativa se abstenga de modificar la antigua Ley del FODES, ya que es una posibilidad de fuente de financiamiento de las alcaldías municipales para el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
5. Al Presidente de la República, Nayib Bukele y a su gabinete de gobierno, a que adopte medidas concretas para que los  ministros-as y vice ministros-as asuman con responsabilidad su rol dentro del CONAIPD y que se elabore a prontitud la Política Nacional de Inclusión, y los reglamentos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión.
6. Al Ministerio de Hacienda, al momento de elaborar  la política presupuestaria correspondiente al año fiscal que incorpore los lineamientos respectivos los cuales serán de estricto cumplimiento  para que las instituciones públicas asignen presupuesto de la Ley Especial de Inclusión.
7. Al Ministerio de Salud, a que fortalezca y amplíe políticas y programas de rehabilitación y habilitación integral adoptando la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, con el fin de generar la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
8. Al Ministerio de Educación, a que desarrolle una política de educación inclusiva para que en todas las escuelas del país y cumpla con lo establecido en la Ley de Inclusión.
9. Al Ministerio de Trabajo, asegurar el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en ámbitos públicos como privados, en entornos laborales inclusivos, con dignidad, accesibles sin discriminación.
10. Al Ministerio de Cultura y al INDES, asignar un presupuesto específico para desarrollar programas culturales y deportivos en las zonas rurales del país.
11.  Al sistema de Administración de justicia garantizar los ajustes necesarios promoviendo el acceso a la justicia, el reconocimiento de la capacidad jurídica principalmente mujeres y niñas con discapacidad.

Finalmente, un llamado a la población en general a cambiar todas y todos hacia una sociedad más inclusiva y continúen apoyándonos en nuestras acciones de incidencia.

San Salvador, 5 de mayo de 2021

COMUNICADO DE ASOCIACIÓN “LOS ANGELITOS” ANTE LA ACTUAL EMERGENCIA POR LA COVID-19

Las familias organizadas en la Asociación Los Angelitos, conscientes de la gravedad y complejidad de la situación que enfrenta el país, generada por la actual pandemia y la elevada capacidad del virus COVID-19 de contagiar a la población y provocar muertes, así como el impacto negativo en la economía y la vida de ciudadanos y ciudadanas a causa de la necesidad de implementar medidas de contención como el distanciamiento social y confinamiento. Valoramos los esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y Gobiernos locales para llevar a la población medidas y acciones que ayuden a paliar la actual crisis provocada por la pandemia e intentar proteger a la población a fin de minimizar el drama social y humano.

Sin embargo, tal y como ha planteado la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas: “las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”. Tomando en cuenta que familiares, cuidadores, de hijos e hijas con discapacidad constituyen un grupo poblacional fértil para que la pandemia provoque mayores estragos y que, además, la construcción de una sociedad inclusiva conlleva la existencia de garantía de derechos, la existencia de instituciones democráticas fortalecidas y una cultura de protección de la dignidad humana, tanto como la priorización de la atención a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de los cuales las personas con discapacidad constituyen el grupo que enfrenta mayores riesgos, incluso en circunstancias “normales”.

En tal sentido, queremos hacer del conocimiento del Sr. Presidente, las instancias competentes y la opinión pública nuestras preocupaciones en torno a:

1. La imposición drástica de medidas oficiales, vigentes desde el 21 de marzo, en el marco de la lucha contra la COVID-19, ha derivado en violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas, violentándose de esta manera, el derecho a no recibir malos tratos por incumplimiento a guardar la cuarentena y ser trasladados sin la implementación de protocolos de salud pública a Centros de Contención.
2. Hemos observado que las medidas oficiales implementadas por las diferentes instituciones, tienen como esencia, el ser de carácter general, lo que no ataca la condición de mayor discriminación y múltiples barreras que afectan a las personas con discapacidad respecto de las demás personas.
3. Como organización que fundamentalmente tenemos presencia en el área rural, al momento, no hemos evidenciado medidas específicas acordes a las características de las comunidades rurales y su población, salvo las acciones de prevención y apoyo a familias en situación de pobreza, válidas, de Alcaldes y Alcaldesas pero que, de igual manera, en muchas ocasiones, omiten o invisibilizan a los familiares, cuidadores, responsables de hijas, hijos, jóvenes y personas con discapacidad.
4. La accesibilidad a la información. Puesto que se trata de una nueva pandemia, que obliga a los organismos internacionales, instituciones nacionales y privadas a estar continuamente formulando información, indicaciones y actualizando medidas en un corto tiempo. Las personas con diferentes discapacidades deberían contar con el pronto acceso a información en materiales y formatos adaptados y accesibles, por diferentes vías, tomando en cuenta las limitaciones de la zona rural y su correspondiente falta de acceso a tecnologías. Algo que a la fecha podemos afirmar que no hemos comprobado se haya considerado en la transmisión de la información e indicaciones sobre prevención del contagio.
5. La inexistente participación de las personas con discapacidad, sus familiares, sus organizaciones y la comunidad. La participación activa de estos diferentes actores, son fundamentales para reducir el riesgo de contagio y la supervivencia de las personas con discapacidad, así como la garantía de que las medidas y acciones que se implementen adquieran un carácter realmente inclusivo.

En base a lo expuesto, y basándonos en los compromisos internacionales y nacionales del Estado salvadoreño concretizados en acuerdos, convenios y, principalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual El Salvador es firmante, demandamos lo siguiente:  

1. Si bien es cierto, comprendemos la gravedad de la situación actual y estado de emergencia, que exige la toma de medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19, rechazamos que dichas medidas impliquen la restricción y suspensión de derechos fundamentales dado que es un atentado a familiares de hijos, hijas, jóvenes con discapacidad, en tanto que, debido al tipo de discapacidad, familiares personas responsables del cuido y en casos, la misma persona con discapacidad, se ven obligadas a la constante movilidad para consultas médicas, búsqueda de medicamentos, alimentos específicos y otros apoyos.
2. La implementación de medidas adicionales, es decir, específicas, que garanticen que familiares y cuidadores de personas con discapacidad puedan sobrellevar el confinamiento y la crisis, a través de medidas y acciones en atención en salud, medidas económicas a largo plazo, servicios legales, dotación de apoyos y otros, que eviten que dichas familias por su situación de vulnerabilidad caigan en una profundización de su pobreza, malos tratos, abusos intrafamiliares, abusos a niñas y mujeres o el consecuente contagio de los familiares o cuidadores, lo que podría derivar en la pérdida de la persona cuidadora o proveedora y, por tanto, el incremento del nivel de vulnerabilidad de la persona con discapacidad o en el peor de los casos, su muerte.
3. Poner especial énfasis en el área rural, donde es sobradamente conocido que la prestación de servicios en salud, agua, educación y otros, es deficiente en cobertura y calidad. Establecer mecanismos de coordinación con las municipalidades para que las medidas paliativas durante el período de emergencia no dejen fuera a las familias de los beneficios otorgados por el Ejecutivo o Gobiernos Locales, pero que, además, diseñen estrategias para que nadie quede fuera, considerando el levantamiento de censos y cualquier otra información o datos que garanticen el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad y sus familias durante el impacto de la pandemia.
4. La pronta y oportuna información en lengua de señas, materiales y formatos accesibles sobre decretos para prevenir y contener el virus, apoyos familiares, protocolos de salud pública para la atención de personas con discapacidad, contactos para reclamaciones, etc., para familiares, responsables de cuido y personas con diferentes discapacidades.
5. Partiendo de la premisa de que el bien colectivo trae como consecuencia el bien individual, exigimos la participación activa, es decir, la permanente consulta a familias, organizaciones, la comunidad y fundamentalmente las personas con discapacidad a fin de que formulación de estrategias, medidas y acciones de respuesta a la COVID-19, garanticen sus derechos y tengan una pronta respuesta a sus demandas sin discriminación en razón de su discapacidad.

Como familias organizadas permanecemos atentos a toda acción implementada desde el Gobierno y sus Instituciones para minimizar las consecuencias catastróficas de la COVID-19. Asimismo, demandaremos oportunamente ante instancias nacionales e internacionales las faltas al deber del Estado de asegurar el cumplimiento de los derechos de nuestros hijos, hijas y jóvenes con discapacidad signados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU.