La eliminación de barreras y la implementación de políticas y programas a favor de las PCD requieren de un trabajo de incidencia pública y política permanente tanto a nivel local como nacional. Debemos aprovechar los espacios de participación existentes sean estas de forma general o específicos sin que esto signifique que  podamos o debamos utilizar otros espacios o formas de incidencia. 

Además impulsamos procesos de concientización en nuestras comunidades, con autoridades estatales y ante la sociedad en general sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 

MESA PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PDDH

Hace  siete  años, o sea el 3 de Mayo del 2008 entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se convirtió a partir de este momento en Ley de la República.

Para nosotros, las personas con discapacidad y las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad, esta fecha 3 de Mayo se ha convertido en una fecha histórica ya que con esta convención cambia radicalmente la visión que a lo largo de la historia se ha tenido de la discapacidad y de las personas con discapacidad.

Decimos esto, porque la convención establece – y el Estado lo reconoce explícitamente – que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y que el goce de estos derechos no puede ser limitado o suspendido por la condición de discapacidad de una persona.

El problema para el pleno goce de los derechos no es la deficiencia que una persona individualmente puede tener, el problema son las barreras que la persona con alguna deficiencia encuentra en su camino y que no le permite disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra persona.

Para ponerles unos ejemplos:  A una persona sorda  no es la sordera la que le quita o le obstaculiza el derecho de recibir educación. Es el hecho, que nadie le enseña el lenguaje de señas y que en las escuelas no hay maestros que manejan el lenguaje de señas lo que impide que un niño sordo reciba la misma educación como cualquier persona oyente.

Una persona que sufrió un accidente o una enfermedad que le impide caminar y necesita para movilizarse una silla de rueda, no es el hecho de no poder usar sus piernas lo que le excluye de la vida de los demás. Lo que le quita el derecho a la libre movilización es la falta de transporte público accesible, son las gradas  y los obstáculos de diferentes tipos que le impiden utilizar los espacios públicos,  de entrar a la alcaldía, de asistir a la iglesia o a un evento deportivo. Son las puertas estrechas que no dejan pasar su silla y que hasta le quitan hasta el derecho de ir al baño cuando lo necesita.

Contra la deficiencia de una persona muchas veces no se puede hacer nada a pesar de los avances de la medicina y hasta con los mejores servicios de rehabilitación. Hay que aprender a vivir con ella. Pero contra las barreras se puede hacer mucho. Barreras se pueden quitar o por lo menos disminuir.

Y es exactamente a lo que se ha comprometido el Estado al firmar y ratificar la Convención. Quitar o disminuir barreras. Tomar medidas concretas que permitan, que las personas con discapacidad pueden gozar de los mismos derechos como todas las demás personas.

La pregunta es:  A siete años de estar en vigencia la Convención hasta donde se ha avanzado? 

No vamos a decir que no se ha hecho nada ya que esto no sería cierto y los avances que ha habido hasta ahora los hemos reconocidos públicamente en reiteradas ocasiones. 

La reforma estructural al CONAIPD, el haber retomado el tema de rehabilitación física por parte del MINSAL en los ECOS – especializados  en el marco de la reforma integral del sistema de salud , la formulación de la política de educación inclusiva en el marco del programa “Vamos todos a la escuela”, la aprobación de la política nacional de atención integral a la persona con discapacidad y más recientemente el levantamiento de “reserva” contra la Convención por parte de la Asamblea Legislativa a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, todo esto constituye avances importantes. También nos complace que dentro de poco  finalmente se va a realizar la primera  “Encuesta Nacional en Discapacidad” que en la segunda mitad del año nos va a permitir contar con datos concretos no solamente sobre la cantidad de personas con discapacidad que viven en nuestro país sino también sobre las condiciones en que viven respectivamente sobre el grado de cumplimiento de algunos de sus derechos.

Sin embargo, a pesar de estos indudables avances también siguen en pie nuestras observaciones y señalamientos que hemos venido haciendo:

Aparte de que la creación  y extensión de los ECOS – especializados se ha estancada por falta de fondos - en los lugares donde si existen - el MINSAL sigue implementando predominantemente el enfoque médico de la discapacidad lo que no permite avanzar con la implementación de una real “Rehabilitación Basada en la Comunidad”, el MINED sigue sin medidas específicas para avanzar sustancialmente en el tema de la inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas regulares, la participación de las y los ministros en las reuniones del pleno del CONAIPD sigue siendo raquítico y su interés por el tema generalmente es rudimentario.

Esta última afirmación se demuestra de manera ejemplar en lo siguiente:

Uno de los compromisos fundamentales que adquirió el Estado de El Salvador al firmar y ratificar la “Convención” fue el de “armonizar” su legislación nacional con el texto y el espíritu de  dicha Convención. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna Ley de la República ha sido revisada ni cambiada bajo este concepto. Y esto ha sido una de las principales observaciones  que le hiciera el “Comité de Expertos” al Estado de El Salvador después de que éste presentara su primer informe sobre los avances en el cumplimiento de la Convención.

Ante esta situación las organizaciones aglutinadas en la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad – junto con el personal del departamento de discapacidad de la PDDH – hace casi dos años iniciamos el proceso de discusión y elaboración de una propuesta de “Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad” para sustituir la “Ley de Equiparación de Oportunidades” la cual – a la luz de la Convención – es obsoleta. Terminamos este proceso con la validación de la propuesta por las distintas organizaciones de personas con discapacidad antes de presentarla al Sr. Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para su revisión, aprobación y envío mediante oficio  al CONAIPD. Desde la Dirección Ejecutiva del CONAIPD la propuesta fue enviada a los distintos Ministerios y se formó una comisión mixta entre representantes del CONAIPD – tanto del Pleno como del Comité Técnico – y de la Mesa Permanente y revisamos en conjunto nuevamente toda la propuesta. El resultado final fue presentado al Pleno del CONAIPD y aprobado antes de ser enviado a Casa Presidencial para que el Presidente de la República respectivamente el Concejo de Ministros le diera” iniciativa de ley” ante la Asamblea Legislativa. 

Por procedimiento, Casa Presidencial, antes de enviar una propuesta para darle Iniciativa de Ley ante la Asamblea Legislativa, le pide opinión a todas las dependencias del gobierno que de alguna manera se ven afectadas por la aprobación de una ley que en este caso específico son 14 ministerios e instituciones gubernamentales. Nuestra sorpresa fue, que después de haber sido enviada a los titulares de todos los ministerios representados en el CONAIPD y después de haber sido aprobada sin objeción por este organismo – ente rector de las políticas públicas en discapacidad – ahora los mismos ministerios presenten objeciones de fondo a dicha iniciativa.

De esta actuación sólo podemos sacar la conclusión que mencionamos antes. El interés por el tema de discapacidad sigue siendo rudimentario y aparentemente es objeto de estudio hasta cuando ya no se puede evitar respectivamente cuando la solicitud de ocuparse del tema viene desde Casa Presidencial.

Para nosotros - las organizaciones de personas con discapacidad – la aprobación de la “Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad” es estratégica ya que constituye la concreción necesaria e indispensable de la Convención, adaptada a nuestra realidad.

Garantizar la autonomía del CONAIPD - asegurando  al mismo tiempo la participación equitativa de los distintos sectores de personas con discapacidad y la representación del gobierno de turno a más alto nivel en este organismo – es igualmente importante como garantizar por ley que las distintas instituciones del estado que tienen compromisos con las personas con discapacidad inviertan efectivamente un porcentaje de su presupuesto institucional en el cumplimiento de estos compromisos.  Una ley que no garantiza al mismo tiempo el financiamiento mínimo necesario para su cumplimiento no vale ni el papel en que está escrita. De estas leyes ya tenemos suficientes en el país y no queremos otro más de este tipo.

Luchar por el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y garantizar su acceso a la justicia en igualdad de condiciones con todas las demás personas es igualmente un objetivo irrenunciable de nuestra lucha como el de avanzar hacia una efectiva protección social de las personas más excluidas y más marginadas de nuestra sociedad.

Mantengámonos firmes en esta lucha y no descansemos hasta lograr la aprobación de esta “Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad” por la Asamblea Legislativa lo cual será un paso decisivo en la concreción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Muchas Gracias

Pronunciamiento de la Sociedad Civil

Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad, PDDH

3 de diciembre -2016

Día Nacional e Internacional de la persona con discapacidad

Compañeras y compañeros, amigas y amigos:

Nuevamente estamos reunidos  para conmemorar el día nacional e internacional de las personas con discapacidad.

Sin embargo, para nosotros las personas aglutinadas en diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad, este día – más que ser un motivo de celebración – es una oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la concreción de los derechos fundamentales de todo nuestro sector históricamente invisibilizado y marginado. 

En este mes  - y precisamente el  14 de Diciembre- se cumplen diez años desde que formamos varias organizaciones de y para personas con discapacidad junto a la PDDH este espacio que se llama “Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa  de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad” y el cual en este tiempo se ha convertido en el espacio más importante con que contamos  las organizaciones y personas con discapacidad para construir consensos y defender nuestras posiciones en común ante la sociedad y el Estado, apoyados y acompañados  en todos estos años por la PDDH – tanto desde el departamento de discapacidad como también por sus distintos titulares. 

Y este trabajo y esta lucha en común ha tenido frutos concretos.

Hemos reconocido en reiteradas ocasiones  los esfuerzos que ha habido durante los últimos años por parte de  las diferentes instancias del Estado para mejorar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, entre los cuales podemos mencionar:

• El retiro de la reserva a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en Enero del 2015 por parte de la Asamblea Legislativa, la cual establecía un  obstáculo para que el Estado cumpliera con la Convención. Cabe destacar, que la lucha por el retiro de la reserva fue impulsada desde la “mesa permanente” y posteriormente apoyado por el ejecutivo a través de gestione de cancillería.

• La realización de la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad que realizó la DIGESTYC en colaboración con el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad en 2015, y cuyos primeros datos fueron publicados en mayo 2016. Hay que mencionar que con los resultados de esta encuesta el porcentaje de personas con discapacidad oficialmente registrado en el país creció considerablemente. Mientras que el censo poblacional del 2007 reportaba un 4.2% de la población total con discapacidad, la encuesta reporta un 6.4%.

• La reciente inauguración del primer complejo industrial inclusivo por parte del ISRI y el cual a futuro, podría ser importante para incrementar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad.

• El ofrecimiento del gobierno de fortalecer el presupuesto del CONAIPD a partir del 2017, esperando que este anuncio hecho en el transcurso del año, se cumpla.

No obstante de estos indudables avances y de otros que hemos experimentados a partir del 2010 como la reforma sustancial al CONAIPD o la aprobación de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, estamos aún lejos de poder decir que las personas con discapacidad estamos plenamente incluidas en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país y que gozamos de los mismos derechos y oportunidades que las demás personas que no tienen discapacidad.

Desde el 2007 el Estado de El Salvador es parte de los países que adoptaron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, asumiendo de esa manera el compromiso de legislar y actuar en cumplimento de este instrumento de Derecho Internacional.

En 2013 el Comité de expertos de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación al Informe Inicial de El Salvador sobre los avances en el cumplimiento de la Convención  expresó:

“Al Comité le preocupa que no exista una estrategia nacional para la implementación del modelo basado en derechos humanos sobre discapacidad que establece la Convención incluyendo las zonas rurales. 

“Al Comité le preocupa asimismo que el marco legislativo sobre la discapacidad del Estado parte no se ajuste aún plenamente a la Convención… ” 

En consecuencia con estas y otras preocupaciones el comité entregó un listado de recomendaciones al Estado salvadoreño encaminadas a que el país avance en el cumplimiento de la Convención entre los cuales queremos destacar la siguiente: 

• El Comité recomienda al Estado parte que adopte una nueva legislación que desarrolle de manera específica las obligaciones contenidas en la Convención y que dicho proceso cuente con la participación amplia de las organizaciones de personas con discapacidad. El Comité recomienda al Estado parte revisar su legislación con el fin de suprimir la terminología discriminatoria contra las personas con discapacidad. 

Ante la falta de iniciativa por parte de la autoridades competentes, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad – acompañados por la misma PDDH -  elaboramos una primera propuesta de “Ley de Inclusión de la Personas con Discapacidad” apegada a  la Convención y tomando como insumos las propuestas de reformas puntuales a la Ley de Equiparación de Oportunidades ya presentadas ante la Asamblea Legislativa así como también la legislación respectiva de otros países.

Posteriormente sometimos el borrador a un proceso de consulta y validación en el cual participaron más de 40 representantes de 18 organizaciones de personas con discapacidad antes de someterlo a discusión, reformulación y aprobación por el CONAIPD el cual lo remitió en Noviembre del 2014  a casa presidencial para su estudio y posterior presentación a la Asamblea Legislativa.

Al no tener avances en el proceso de formación de Ley desde casa presidencial las organizaciones de personas con discapacidad  el 3 diciembre de 2015 – o sea exactamente hoy hace una año - presentamos la propuesta de Ley al Órgano Legislativo donde actualmente el ahora Proyecto de Ley se encuentra en la Comisión de Familia, Niñez Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad para su estudio y discusión, el cual aún no ha comenzado.

En este contexto nos preocupa la lentitud de los procesos de discusiones parlamentarias pero sobre todo la falta de información sobre los avances en la formulación de los términos de referencia para la contratación de la consultoría con respecto al estudio del Proyecto de Ley de Inclusión acordada por la misma comisión.

También nos preocupa la posibilidad, que la Comisión Legislativa o su presidente decida, darle prioridad a la discusión del Proyecto de Ley del Adulto Mayor lo cual implicaría, que la discusión del Proyecto de Ley de Inclusión sea postergado por tiempo indefinido. Reconocemos la importancia que las personas adultas mayores cuenten igualmente con una ley  que proteja sus derechos y reiteramos en este sentido nuestra propuesta, que ambas leyes se discutan paralelamente.

Por último reiteramos e insistimos que el proyecto de ley contiene 4 grandes temas las cuales para nosotros son de vital importancia y por los cuales lucharemos hasta lograrlos:

 La creación de un ente rector de las políticas públicas en discapacidad que sea autónomo, basado en una ley de la república aprobada por la asamblea legislativa, que garantice la participación equitativa de los distintos sectores de personas con discapacidad y de los representantes del Gobierno a más alto nivel.

 El reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y la sustitución de la interdicción y tutelaje por un sistema de apoyo en la toma de decisiones. Desconocer la capacidad jurídica de una persona es desconocer sus derechos fundamentales.

 La definición de un mecanismo de financiamiento de la ley, ya que una ley sin mecanismos de financiamiento no vale ni el papel en el que está escrito. 

 La protección social de las personas con discapacidad como una medida indispensable para garantizar una vida digna.

 El establecimiento de un mecanismo de sanciones para las personas naturales y jurídicas que violen los derechos de las personas con discapacidad, considerando  que una ley sin sanciones no se cumple.

Sabemos que el país está pasando por una etapa sumamente difícil caracterizada tanto por altos niveles de violencia de todo tipo como sobre todo por una situación financiera del Estado que le hace difícil cumplir con las obligaciones que por la constitución, los tratados internacionales y la legislación vigente en el país, tiene.

Reconocemos las causas estructurales de esta situación que se encuentran en un modelo económico social que no se centra en la persona humana, sino en la búsqueda de la máxima acumulación de ganancias a nivel individual o corporativo.

Mientras que tengamos un sistema tributario, donde el que más gana menos paga en tributos, y  donde además el Estado pierde 1.500 millones de dólares cada año por la evasión y elusión fiscal – especialmente de los grandes contribuyentes – esta situación de crisis permanente no va a cambiar. 

Sin embargo, esta situación no justifica que los derechos de la personas con discapacidad siempre queden por último sólo porque somos el sector que más dificultades tiene de salir a la calle, de hacerse visible - ya sea porque nos escondemos o porque somos escondidos.

Luchemos por nuestros derechos, pero también luchemos por la transformación social de nuestro país y de nuestra sociedad. Sólo juntos vamos a construir una sociedad capaz de incluir a todos y todas.

Muchas Gracias