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Pronunciamiento en el marco de la conmemoración del 9° aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU

Amigas y amigos, compañeras y compañeros:

Como organizaciones de y para personas con discapacidad nos encontramos una vez más, como lo hacemos cada 3 de mayo desde hace 9 años, en que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se convirtió en ley de la república. Desde entonces no nos hemos cansado de demandar su fiel cumplimiento. Consideramos también un momento oportuno para reafirmar nuestra lucha por el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales como sector.

Desde el 2008, con la Convención, el Estado salvadoreño asume serios compromisos a nivel internacional para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. En primer lugar, manda al Estado cambiar la manera de abordar la discapacidad  hacia un modelo social con enfoque de derechos y da la pauta para que el país avance en la eliminación de todas aquellas barreras sociales, económicas, culturales y  jurídicas que impiden a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación en la sociedad.

Para las personas con discapacidad representa un instrumento para exigir mejores condiciones de vida para toda nuestra población con discapacidad que históricamente ha estado invisibilizada y marginada del ámbito político, económico y social.

Sin embargo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, no queremos este día, dejar de reconocer algunas de las acciones positivas que se han realizado como país a la luz de la Convención: 

• En el 2015, la Asamblea Legislativa retiró la reserva a la Convención la cual establecía un obstáculo para que el Estado cumpliera este instrumento de Derecho Internacional. Esto en atención a la petición de las organizaciones de y para personas con discapacidad, la PDDH y el mismo órgano ejecutivo.

• En el 2015 también se realizó la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. Los primeros resultados publicados en 2016 dan cuenta que el porcentaje de personas con discapacidad oficialmente registrado en el país es de un 6.4%. 

• En el año, 2016, el presidente de la República decidió incrementar en un poco más del 20% del presupuesto CONAIPD para el 2017 en adelante. 

• Hace 3 años, en el 2014, la Honorable Asamblea Legislativa oficializó la Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) como lengua oficial de las personas sordas salvadoreñas. Desafortunadamente no se incluyó en la ley de cultura recientemente aprobada.

• Hace tres años también, en 2014, el Estado Salvadoreño ratificó el Tratado de Marrakech donde se compromete a incluir en su legislación nacional, disposiciones que permitan reproducir, distribuir y poner a disposición del público obras publicadas en formatos accesibles, como el braille. Este tratado está vigente desde el año pasado e implica reformas legislativas o bien la creación de un nuevo cuerpo normativo que permita implementarlo. Sin embargo, al momento no hay avances en ese sentido.

• Conocemos de la apertura en el Ministerio de Educación para encaminar procesos de reforma a la normativa de educación para un sistema educativo más inclusivo: normativa de evaluación, ley general de educación, censo matricular, la existencia de Docente de Apoyo a la Inclusión, DAI, entre otros esfuerzos.

• Así como esfuerzos realizados por la RAC- CONNA por visibilizar los Derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  

• Mencionamos también, la pronta oficialización de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, por parte de la presidencia de la Republica.

Reconocemos la importancia de cada una de estas acciones encaminadas a visibilizar los derechos del colectivo de personas con discapacidad. Sin embargo, la desarticulación de dichas acciones no contribuye a que se concreticen en cambios sustanciales que aporten a la dignificación y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en El Salvador. Tampoco podemos decir que gozamos de los mismos derechos y oportunidades que las demás personas que no tienen discapacidad.

La deuda que el Estado salvadoreño tiene con la inclusión de las personas con discapacidad sigue creciendo. La Convención aún se desconoce y peor, no se reconoce como parte del marco jurídico nacional y por lo  tanto no se exige su cumplimiento. Las personas con discapacidad siguen excluidas en sus derechos más fundamentales. Como organizaciones consideramos que la principal deuda que tiene el Estado en el cumplimiento de la Convención es la armonización de su normativa nacional a este instrumento jurídico internacional. Y contar con una nueva legislación que se ajuste plenamente a la Convención.

Es por ello, que este día, nuestra principal demanda es la pronta discusión y aprobación del Proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad que presentamos a esta Asamblea Legislativa hace un año y cinco meses exactamente. Como personas organizadas no estamos dispuestas a esperar cinco, diez o veinte años esperando su discusión y aprobación, como tampoco aceptaremos excusas, como por ejemplo una tan mezquina como la de “no hay fondos” o “téngannos paciencia”.

Demandamos a todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, a las diputadas y diputados que conforman la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, así como al diputado Rodolfo Parker presidente de dicha Comisión, al diputado Guillermo Gallegos en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa lo siguiente:

1. Dar celeridad al proceso de discusión del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado el 3 de diciembre del 2015 por más de veinte organizaciones que conformamos la Mesa Permanente para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la PDDH, mismo que fuera respaldado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador - PDDH y el Consejo Nacional de Atención Integral de las Personas con Discapacidad- CONAIPD.

2. Que la Comisión retome el estudio del proyecto de Ley a través de sus equipos de asesores y asesoras, así como también demandamos que la misma sea con la participación efectiva de las organizaciones que conformamos la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Que la falta de fondos para una consultoría no sea justificación para abandonar la responsabilidad de legislar conforme a los Derechos Humanos del colectivo de personas con discapacidad.   

3. Solo en el caso de encontrar los fondos para realizar una consultoría, exigimos se tome en cuenta los aportes de las organizaciones de y para personas con discapacidad en cuanto a los criterios de selección de la persona consultora; se decida por una terna de personas reconocidas en sus conocimientos y experiencia en Derechos Humanos y en Discapacidad. Si la Comisión considera que en El Salvador no se cuenta con profesionales especialistas en Derechos Humanos y Discapacidad, demandamos la apertura para que dicha consultoría sea realizada por una persona no nacional pero de la región y siempre reuniendo los criterios establecidos.