Las familias organizadas en la Asociación Los Angelitos, conscientes de la gravedad y complejidad de la situación que enfrenta el país, generada por la actual pandemia y la elevada capacidad del virus COVID-19 de contagiar a la población y provocar muertes, así como el impacto negativo en la economía y la vida de ciudadanos y ciudadanas a causa de la necesidad de implementar medidas de contención como el distanciamiento social y confinamiento. Valoramos los esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y Gobiernos locales para llevar a la población medidas y acciones que ayuden a paliar la actual crisis provocada por la pandemia e intentar proteger a la población a fin de minimizar el drama social y humano.

Sin embargo, tal y como ha planteado la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas: “las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”. Tomando en cuenta que familiares, cuidadores, de hijos e hijas con discapacidad constituyen un grupo poblacional fértil para que la pandemia provoque mayores estragos y que, además, la construcción de una sociedad inclusiva conlleva la existencia de garantía de derechos, la existencia de instituciones democráticas fortalecidas y una cultura de protección de la dignidad humana, tanto como la priorización de la atención a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de los cuales las personas con discapacidad constituyen el grupo que enfrenta mayores riesgos, incluso en circunstancias “normales”.

En tal sentido, queremos hacer del conocimiento del Sr. Presidente, las instancias competentes y la opinión pública nuestras preocupaciones en torno a:

1. La imposición drástica de medidas oficiales, vigentes desde el 21 de marzo, en el marco de la lucha contra la COVID-19, ha derivado en violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas, violentándose de esta manera, el derecho a no recibir malos tratos por incumplimiento a guardar la cuarentena y ser trasladados sin la implementación de protocolos de salud pública a Centros de Contención.
2. Hemos observado que las medidas oficiales implementadas por las diferentes instituciones, tienen como esencia, el ser de carácter general, lo que no ataca la condición de mayor discriminación y múltiples barreras que afectan a las personas con discapacidad respecto de las demás personas.
3. Como organización que fundamentalmente tenemos presencia en el área rural, al momento, no hemos evidenciado medidas específicas acordes a las características de las comunidades rurales y su población, salvo las acciones de prevención y apoyo a familias en situación de pobreza, válidas, de Alcaldes y Alcaldesas pero que, de igual manera, en muchas ocasiones, omiten o invisibilizan a los familiares, cuidadores, responsables de hijas, hijos, jóvenes y personas con discapacidad.
4. La accesibilidad a la información. Puesto que se trata de una nueva pandemia, que obliga a los organismos internacionales, instituciones nacionales y privadas a estar continuamente formulando información, indicaciones y actualizando medidas en un corto tiempo. Las personas con diferentes discapacidades deberían contar con el pronto acceso a información en materiales y formatos adaptados y accesibles, por diferentes vías, tomando en cuenta las limitaciones de la zona rural y su correspondiente falta de acceso a tecnologías. Algo que a la fecha podemos afirmar que no hemos comprobado se haya considerado en la transmisión de la información e indicaciones sobre prevención del contagio.
5. La inexistente participación de las personas con discapacidad, sus familiares, sus organizaciones y la comunidad. La participación activa de estos diferentes actores, son fundamentales para reducir el riesgo de contagio y la supervivencia de las personas con discapacidad, así como la garantía de que las medidas y acciones que se implementen adquieran un carácter realmente inclusivo.

En base a lo expuesto, y basándonos en los compromisos internacionales y nacionales del Estado salvadoreño concretizados en acuerdos, convenios y, principalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual El Salvador es firmante, demandamos lo siguiente:  

1. Si bien es cierto, comprendemos la gravedad de la situación actual y estado de emergencia, que exige la toma de medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19, rechazamos que dichas medidas impliquen la restricción y suspensión de derechos fundamentales dado que es un atentado a familiares de hijos, hijas, jóvenes con discapacidad, en tanto que, debido al tipo de discapacidad, familiares personas responsables del cuido y en casos, la misma persona con discapacidad, se ven obligadas a la constante movilidad para consultas médicas, búsqueda de medicamentos, alimentos específicos y otros apoyos.
2. La implementación de medidas adicionales, es decir, específicas, que garanticen que familiares y cuidadores de personas con discapacidad puedan sobrellevar el confinamiento y la crisis, a través de medidas y acciones en atención en salud, medidas económicas a largo plazo, servicios legales, dotación de apoyos y otros, que eviten que dichas familias por su situación de vulnerabilidad caigan en una profundización de su pobreza, malos tratos, abusos intrafamiliares, abusos a niñas y mujeres o el consecuente contagio de los familiares o cuidadores, lo que podría derivar en la pérdida de la persona cuidadora o proveedora y, por tanto, el incremento del nivel de vulnerabilidad de la persona con discapacidad o en el peor de los casos, su muerte.
3. Poner especial énfasis en el área rural, donde es sobradamente conocido que la prestación de servicios en salud, agua, educación y otros, es deficiente en cobertura y calidad. Establecer mecanismos de coordinación con las municipalidades para que las medidas paliativas durante el período de emergencia no dejen fuera a las familias de los beneficios otorgados por el Ejecutivo o Gobiernos Locales, pero que, además, diseñen estrategias para que nadie quede fuera, considerando el levantamiento de censos y cualquier otra información o datos que garanticen el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad y sus familias durante el impacto de la pandemia.
4. La pronta y oportuna información en lengua de señas, materiales y formatos accesibles sobre decretos para prevenir y contener el virus, apoyos familiares, protocolos de salud pública para la atención de personas con discapacidad, contactos para reclamaciones, etc., para familiares, responsables de cuido y personas con diferentes discapacidades.
5. Partiendo de la premisa de que el bien colectivo trae como consecuencia el bien individual, exigimos la participación activa, es decir, la permanente consulta a familias, organizaciones, la comunidad y fundamentalmente las personas con discapacidad a fin de que formulación de estrategias, medidas y acciones de respuesta a la COVID-19, garanticen sus derechos y tengan una pronta respuesta a sus demandas sin discriminación en razón de su discapacidad.

Como familias organizadas permanecemos atentos a toda acción implementada desde el Gobierno y sus Instituciones para minimizar las consecuencias catastróficas de la COVID-19. Asimismo, demandaremos oportunamente ante instancias nacionales e internacionales las faltas al deber del Estado de asegurar el cumplimiento de los derechos de nuestros hijos, hijas y jóvenes con discapacidad signados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU.