3 de diciembre: Día Nacional e Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

 PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las  organizaciones de  y  para  personas con discapacidad, en este  día  nos  pronunciamos  ante la sociedad salvadoreña para dar cuenta de nuestras luchas y en demanda del cumplimiento de  nuestros derechos.

Nos llena de satisfacción que la Comisión Legislativa de Familia, Niñez,  Adolescencia, Adulto Mayor  y Personas con Discapacidad, se encuentre a unos  pasos  de culminar la revisión y aprobación del Proyecto de Ley de Inclusión  de  las Personas con Discapacidad.

Aprovechamos la ocasión para reconocer públicamente a las personas con discapacidad y sus organizaciones por la lucha constante y el esfuerzo de   mantenernos unidos por nuestros derechos y por el proyecto de ley; así mismo reconocemos el papel de la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en su incondicional acompañamiento a nuestras luchas; de igual manera queremos reconocer a la Comisión de Familia, Niñez,  Adolescencia, Adulto Mayor  y Personas con Discapacidad y equipo técnico asesor, por su diligencia al abrir espacio para la  opinión  de  las organizaciones en el proceso de discusión y aprobación.

Estamos en  la  recta final para obtener el dictamen de la Comisión y que este  pase al pleno legislativo, sin embargo, tenemos algunos puntos de preocupación, pues en el proceso de  formación de ley aún están   pendientes de discusión y aprobación artículos medulares, que citamos a continuación:

• Asignación presupuestaria del 5%  del presupuesto institucional de las entidades públicas, para garantizar los recursos financieros para las acciones de inclusión de las personas con discapacidad.
• Asegurar la participación política de las personas con discapacidad, y que los partidos políticos incluyan el 15% de personas con discapacidad, en sus planillas electorales a nivel nacional;
• Establecer una Cuota laboral para la contratación de personas con discapacidad, en una relación de, una persona con discapacidad por cada diez personas empleadas.
• Se asegure que las personas con discapacidad cuenten con una pensión  universal y  por sobrevivencia.
• Restablecer el equilibrio institucional del CONAIPD para la representación gubernamental en el Pleno, situación generada por la eliminación de la Secretaria de Inclusión Social, para lo cual proponemos sea considerada la Procuraduría General de la República como parte del Consejo.

Al resumir nuestra lucha en las acciones de incidencia local y nacional,  impulsadas en los últimos años y con el afán de promover la inclusión social de las personas con discapacidad, en las  políticas  públicas y  programas sociales, no dudamos que hemos logrado posicionarnos en la sociedad, pero también consideramos que nos encontramos en un momento crítico.

A partir de la nueva administración gubernamental no vemos claridad de cuáles son las  líneas estratégicas concretas para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, es de lamentar que aún no exista la entidad que retome el mandato de la extinta Secretaria de Inclusión Social y hacer efectivo el reconocimiento de  derechos a colectivos tradicionalmente discriminados y vulnerados.

Otro punto de preocupación de nuestras organizaciones es el CONAIPD. Actualmente la entidad rectora de la política pública de discapacidad enfrenta una grave crisis institucional, tanto en su mandato, como en la responsabilidad de la representación oficial de atender las sesiones del Consejo. Este hecho tiene graves consecuencias en su funcionamiento y nos preocupa que sus máximas autoridades estratégicas y operativas, no cuenten con claridad de su mandato, que no cuente con directrices claras para hacer operativa la rectoría; y que además hagan caso omiso a los planteamientos y recomendaciones de las representaciones de la sociedad civil, que son quienes mayor experiencia tienen en el tema. Es de lamentar que pese al discurso de inclusión del actual gobierno, por primera vez, desde la existencia del CONAIPD el ente rector no tiene prevista una conmemoración oficial que dé cuenta del interés y compromiso que el gobierno tiene con los derechos de las personas con discapacidad, pero tampoco atendieron la invitación a sumarse a la conmemoración organizada por la sociedad civil organizada.

Lamentamos que el CONAIPD, a nueve años de haber sido reformado en virtud del Decreto Ejecutivo No. 80, aun no cuente con las competencias para fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad, y menos aún, para gestionar con el debido respeto la participación activa de la sociedad civil organizada. Esta situación es un mal presagio para asegurar nuestra participación efectiva y aportar  en la implementación de acciones a partir de los mandatos de la ley de inclusión.  

Es por todo ello que en este día conmemorativo, aprovechamos para hacer un llamado a los tres órganos del Estado:

A los y las diputadas que forman parte de la Comisión, a que aprueben los artículos pendientes sin perder el espíritu de esta propuesta, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Llamado que extendemos a los  y las  diputadas de  todos los grupos parlamentarios, incluyendo al  diputado independiente, a dar sus votos  para la aprobación unánime de esta ley, como un primer paso para saldar la deuda histórica por la exclusión de los derechos de este colectivo, y sea el inicio para la construcción de  una sociedad más justa e inclusiva.

Al órgano ejecutivo instamos a que sancione la Ley de Inclusión de  Personas con Discapacidad y de forma pronta se creen  los mecanismos necesarios para su aplicación, así mismo garantice la  participación  activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Al  órgano judicial conforme a su mandato, garantice a las personas con discapacidad la igualdad de reconocimiento ante la ley y el acceso  a la  justicia, haciendo eco de las Recomendaciones del Comité: “derogue el régimen de declaratoria de incapacidad, cree un sistema de toma decisiones con apoyo y establezca las salvaguardias necesarias que garanticen la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones con las demás personas”.

Hacemos un llamado al Estado salvadoreño a que honre sus compromisos internacionales y a su obligación de dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y retomen las Recomendaciones del  Comité, en particular en lo que se refiere a:

• Destinar presupuestos para  impulsar políticas, planes  y programas  de protección de los derechos de las personas con discapacidad;
• Que adopte medidas políticas y jurídicas eficaces para  la  prohibición y sanción de todas  las formas de discriminación  por  motivos de discapacidad, incluyendo la eliminación  del lenguaje peyorativo a las personas con discapacidad en la legislación nacional;
• Que haga esfuerzos para la recopilación de datos estadísticos;
• Que garantice el acceso a servicios básicos y haya mecanismos y medidas de protección ante la violencia social y de género entre otras.

Finalmente invitamos a  todas las personas con discapacidad, sus familias y comunidades, a toda la sociedad  salvadoreña, a que se  sume a los esfuerzos en la defensa  de los derechos humanos, dejando claro que nuestro colectivo seguirá luchando  y  proponiendo acciones para hacer avanzar en la construcción de  una sociedad más justa y respetuosa de la diversidad humana y los derechos humanos.

San Salvador,  03 de diciembre de  2019