Por octava vez, conmemoramos hoy la entrada en vigencia de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, instrumento jurídico que el Estado de El Salvador ratificó como noveno país a nivel mundial en el año 2007 y se convirtió en Ley de la República precisamente  3 de Mayo del 2008.

En nuestros pronunciamientos de los años anteriores hemos resaltado la importancia que tiene la “Convención” en el desarrollo del concepto de la discapacidad y en el reconocimiento por parte de los estados firmantes, que la discapacidad no es un problema médico e individual de la persona, sino un tema social. 

Un tema de barreras de todo tipo que encontramos las personas con discapacidad y las cuales no permiten que participemos en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social, económica, política, etc., lo cual se convierte en una constante vulneración de nuestros derechos humanos en todo el mundo y también aquí en nuestro país.

Hemos reconocido en reiteradas ocasiones los avances y los esfuerzos que ha habido durante los últimos años por parte de de las diferentes instancias del Estado para mejorar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero también hemos señalado las falencias que siguen existiendo, que por cierto, siguen siendo grandes.

Uno de los compromisos asumidos por el Estado y que hasta ahora - 8 años después - aún no ha sido cumplido es el de armonizar la legislación del país con la convención. Esta obligación aplica a todas las leyes secundarias del país, en primer lugar a la legislación específica para el sector de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, sigue vigente la “Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” que data del año 2000 y está completamente desfasada de cara a la Convención - desde sus inicios fue una ley sin dientes que nunca logró cambios de manera real y positiva en la vida de las personas con discapacidad.

A pesar de que el comité de expertos de Naciones Unidas señalara en sus recomendaciones al Estado de El Salvador esta falta de cumplimiento de compromisos asumidos, ni el órgano Ejecutivo, ni el Legislativo tomó ninguna iniciativa para darle cumplimiento a las recomendaciones específicas. 

Fuimos nosotros, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Permanente de la PDDH que elaboramos una propuesta de “Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad” apegada al espíritu y letra de la convención - la cual – al ser aprobada por la Asamblea Legislativa, sustituirá la Ley de Equiparación de Oportunidades.

Fuimos las organizaciones acompañadas por la PDDH que impulsamos un proceso amplio de consulta y validación de esta propuesta de ley, en la que participaron más de cuarenta representantes de alrededor de 20 organizaciones de y para personas con discapacidad - antes de que la propuesta fuera presentada a nombre de la Mesa por el Sr. Procurador al CONAIPD (ente rector de las políticas públicas en discapacidad) para su discusión, revisión y aprobación.

Logramos que el CONAIPD, después de una exhaustiva revisión y una discusión que se prolongó durante 9 sesiones de trabajo de día completo, aprobara la propuesta de ley y que la enviara en noviembre de 2014 a Casa Presidencial (CAPRES) 

CAPRES sometió la propuesta presentada por el CONAIPD a consulta por todas las instituciones del Ejecutivo que de una u otra manera estarían comprometidas con el cumplimiento de esta ley. Tenemos conocimiento que todas o casi todas hicieron observaciones, incluyendo aquellos ministerios que en el CONAIPD habían aprobado la propuesta. 

Sin embargo, durante todo el año 2015 – a pesar de la insistencia permanente de nuestra parte – no fue posible sentarnos con los representantes de las diferentes instituciones del Estado para abordar de manera conjunta sus observaciones tal como había sido acordado en un primer momento.

Entendemos que el año pasado y aun este año es un año difícil por varias situaciones que atañen nuestro país. El tema de la delincuencia respectivamente, de la seguridad pública es el tema que ocupa y preocupa tanto a la ciudadanía como a las distintas instancias del Ejecutivo y por lo tanto es de absoluta prioridad. 

Estamos conscientes, que la situación financiera del Estado  es sumamente  precaria y que el Gobierno actual se enfrenta a una crisis financiera provocada por sectores políticos y económicos que a toda costa quieren provocar una crisis mayor a fin de recuperar el aparato del Estado, para poderlo seguir utilizando con fines propios de grupos pequeños pero sumamente poderosos. 

Sin embargo, a nuestro criterio, todos estos problemas no justifican dejar el tema del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad para otro momento de la historia.  Siempre habrá problemas urgentes que atender y el dinero en las arcas públicas jamás alcanzará para todas las demandas justas de la población, ni siquiera para los sectores más excluidos.

Es por eso que el pasado 3 de diciembre, en el marco de la conmemoración del día nacional e internacional de las personas con discapacidad presentamos la propuesta de “Ley de Inclusión” ante la honorable Asamblea Legislativa y con la firma de 2 diputados y una diputada, de tres fracciones parlamentarias diferentes, se le dio iniciativa de ley y actualmente se encuentra en la comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad para su análisis y discusión. 

Consideramos que ahora el proyecto de Ley está donde debe de estar ya que en última instancia es la Asamblea Legislativa la que aprueba las leyes de la República, independientemente de las consultas que pueda o deba de hacer con las instancias del Ejecutivo. Hubiéramos preferido que se presentara una propuesta ya consensuada con el ejecutivo y no ha sido responsabilidad nuestra que al final no se haya logrado.

Esperamos ahora de la comisión que a la brevedad posible comience con el análisis y discusión de este proyecto de ley. Sabemos que no es un proyecto perfecto, que se puede y se debe de mejorar. Lo que si podemos asegurar que no contiene ninguna disposición que no esté basada en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos que la comisión, cumpliendo con el numeral 3 del Artículo 4 de la misma Convención.  

Sabemos que la comisión también tiene otro proyecto de ley – la Ley del Adulto Mayor que recientemente en abril fue presentado por el ejecutivo y que debe de analizar y discutir. 

No vamos a entrar en una situación de competencia, ni de pelea sobre cual proyecto de ley debe de ser abordado por la comisión con prioridad. Las personas adultas mayores – al igual que las personas con discapacidad – tenemos los mismos derechos rezagados, independientemente que en el caso de las personas con discapacidad existe además un compromiso aún no cumplido ante la comunidad internacional y que seguramente la Organización de las Naciones Unidas volverá a señalar el incumplimiento del Estado salvadoreño, cuando éste presente  su próximo informe  de seguimiento a las Observaciones finales del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En este sentido, exhortamos a la comisión legislativa de redoblar sus esfuerzos y evaluar seriamente la posibilidad de analizar y discutir ambos proyectos de ley en paralelo o de utilizar cualquier otro procedimiento que el reglamento interno de la asamblea permita, para agilizar la discusión de ambos proyectos de ley. 

Queremos reiterar que el proyecto de ley contiene algunos aspectos que para nosotros – las organizaciones de personas con discapacidad – NO SON NEGOCIABLES y seguiremos luchando hasta lograrlos. Entre ellos citamos:

1. La creación de un ente rector de las políticas públicas en discapacidad autónomo, basado en una ley de la república aprobada por la asamblea legislativa, que garantice la participación equitativa de los distintos sectores de personas con discapacidad y de los representantes del Gobierno a más alto nivel.

2. Una definición clara y aplicable de financiamiento para el cumplimiento de la misma ley. Una ley que no garantiza el mecanismo de financiamiento para su efectiva aplicación, no vale ni el papel en que está escrita.

3. El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como condición indispensable para el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales.

4. La creación de mecanismos para una efectiva protección social que garantice condiciones mínimas de una vida digna independiente de la capacidad de trabajo. Históricamente nuestros derechos labores han sido violentados, para poner un ejemplo, hace unos días atrás, personas con discapacidad, pertenecientes a ALGES,  fueron desalojados de sus puestos de trabajo, sin darles otras alternativas de ingreso para el sustento propio y el de sus familias.

Hacemos un llamado a todas las personas con discapacidad y sus organizaciones a unirse y no descansar en la lucha hasta lograr la aprobación de la Ley de Inclusión. Esta Ley es un paso decisivo en la concreción de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.