En 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la “Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad” la cual – después de su ratificación por 20 países y siendo El Salvador el séptimo país que la ratificó - entró en vigencia el 3 de mayo del 2008, convirtiéndose a partir de este momento en Ley de la República.

Esta Convención, constituye un cambio radical en el abordaje de la discapacidad, logrando superar el “modelo médico” de la discapacidad con enfoque rehabilitador, sustituyéndolo por un “modelo social” de la discapacidad con enfoque en derechos.

La Convención no creó nuevos derechos o derechos especiales para las personas con discapacidad, pero sí obliga a los Estados partes a tomar medidas y acciones concretas para que las personas con discapacidad puedan gozar de los mismos derechos que todas las demás personas - en igualdad de condiciones. Considera, además, “que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente”, como dice en el literal o) del preámbulo de dicha Convención.

Para las personas con discapacidad y sus organizaciones el tiempo desde la aprobación de la convención ha significado 16 años de trabajo y lucha por avanzar en el cumplimiento de este importante instrumento jurídico ya que todos sabemos, que la simple existencia de una ley, no significa que ésta se cumpla.  ¡Los derechos no se regalan, se conquistan! ¡Y se conquistan con el trabajo y la movilización permanente!

Entonces, a 16 años, es preciso y necesario preguntarnos: Hasta dónde hemos avanzado en el cumplimiento de nuestros derechos, hasta dónde el Estado ha avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones para con el sector de las personas con discapacidad.

No podemos ni vamos a decir que en estos 16 años no ha pasado absolutamente nada o no se ha avanzado en nada. No sería correcto ni justo – aparte de que esta afirmación implicaría también el reconocimiento - que como organizaciones hemos sido incapaces de provocar avances. Y esto no es así.  Ha habido avances y parte de estos avances son precisamente producto de nuestro trabajo y lucha organizada.

Sin profundizar mucho – porque nos llevaría demasiado tiempo – podemos mencionar algunos avances obtenidos en estos 16 años y, más concretamente a partir del 2010.

• La reforma sustancial del entonces “Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD) a partir del Decreto Ejecutivo 80, en donde se logró definir con mayor precisión su carácter de “ente rector de las políticas públicas en discapacidad”, estableciendo al mismo tiempo su composición equitativa entre representantes del ejecutivo y representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y con una presidencia rotativa entre ambos sectores.
• La reforma del sistema de salud, en donde el MINSAL por primera vez retomó el tema discapacidad como una de sus responsabilidades.
• La Política Nacional de Educación Inclusiva en cuya formulación participamos como sector.
• El levantamiento de la Reserva del Estado salvadoreño con respecto a la misma Convención.
• La aprobación de una la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad – producto del trabajo del nuevo CONAIPD.
• Las primeras unidades de transporte público accesibles – aunque estas posteriormente fueron eliminadas por la decisión de la Corte Suprema con respecto a la creación del SITRAMS.
• La realización de la primera Encuesta Nacional en Discapacidad en el año 2015, la cual por primera vez en la historia del país proporcionó datos, medianamente creíbles, sobre el número y la situación de las personas con discapacidad en el país.
• El reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Salvadoreña LESSA

El logro más importante, sin embargo, fue la aprobación de la “Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad” por la Asamblea Legislativa en el año 2020 y el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021.

Por su importancia vale la pena detenernos un momento en su proceso de construcción y aprobación.

En abril del 2013 el Comité de Expertos de la ONU le recomendó al Estado de El Salvador adoptar una nueva legislación en materia de discapacidad – considerando que la entonces vigente “Ley de Equiparación de Oportunidades” “contradecía el enfoque de derechos, recomendando además que se haga una revisión completa de su marco legislativo para armonizarlo con la convención.

Ante la inactividad de las autoridades competentes, nosotras, las organizaciones de personas con discapacidad aglutinadas en la “Mesa permanente de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos” y con el apoyo técnico de la PDDH, elaboramos el anteproyecto de “Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad” el cual – después de su revisión y discusión – fue aprobado por el CONAIPD en octubre del 2014 y enviado a “casa presidencial” para que el consejo de ministros lo introdujera a la Asamblea  Legislativa  iniciando el proceso de Formación de Ley.

Como esto no sucedió, buscamos el apoyo de las distintas fracciones legislativas y el 3 de diciembre del 2015 – con la firma de varios diputados de distintos partidos políticos – el Anteproyecto de Ley entró finalmente a la asamblea para iniciar su análisis y discusión en la comisión de la de “Familia, Niñez, Adolescencia, Juventud, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Todavía nos costó varias marchas, concentraciones frente a la Asamblea, visitas a diputados y diputadas y otras acciones de presión hasta que finalmente en enero del 2019 la comisión mencionada iniciara con el análisis del anteproyecto.

Vale destacar, que por primera vez una comisión parlamentaria cumpliera con el postulado de la “Convención” en cuanto a la participación de las personas con discapacidad ya que permitió la participación activa de una representante de las organizaciones aglutinadas en la “Mesa Permanente” de la PDDH – en todas las discusiones tanto de la mesa técnica de los asesores como en las sesiones de los y las diputadas.

Al inicio de marzo del 2020 la comisión parlamentaria emitió un dictamen favorable y el 22 de junio del mismo año el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad” el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2021.

Es a partir de este momento que el país cuenta con un marco jurídico en materia de discapacidad acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre las cosas más importantes que define esta nueva ley podemos mencionar:

• Se crea el “Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad” (CONAIPD) como “ente rector de las políticas públicas en discapacidad”, con participación equitativa entre representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y representantes de más alto nivel del Ejecutivo y presidencia rotativa – ahora ya no basado en un “decreto ejecutivo” el cual puede ser cambiado en cualquier momento por el presidente de turno – sino en una ley aprobada por la asamblea legislativa.
• Se reconoce la “capacidad jurídica” de todas las personas con discapacidad.
• Se establece el derecho de las personas con discapacidad de ser incluidos en un esquema de “pensión universal” no contributivo.
• Las instancias públicas están obligadas de destinar fondos específicos en sus presupuestos para poder cumplir con sus obligaciones resultantes de la ley y, el Ministerio de Hacienda está obligado a controlar que esto suceda.
• La ley establece sanciones concretas en caso de violaciones de los derechos establecidos en la misma ley y crea un “Tribunal Sancionador” de carácter independiente del Ejecutivo para éste fin.
• Define a la PDDH como “organismo independiente” para darle seguimiento al cumplimiento de la Convención.

Es por eso que decíamos, que a partir del trabajo y de la lucha de las personas con discapacidad y de sus organizaciones, hubo algunos avances en el cumplimiento de la Convención.

Sin embargo, desde el cambio de Gobierno en el 2019 y de la correlación de fuerzas en la asamblea legislativa en el 2021, los avances logrados están fuertemente amenazados y parcialmente ya desaparecieron.

Para sustentar esta afirmación algunos ejemplos:

• Una Política de Atención Integral a las Personas con Discapacidad o una Política de Educación Inclusiva en donde las personas con discapacidad y sus organizaciones hayan tenido participación activa y protagónica en su elaboración, ya no existe.
• El pleno del CONAIPD – que desde su reforma en el año 2010 se reunía una vez al mes – al igual que su comité técnico- no fue convocado a reuniones ordinarias desde Julio del 2023. Ya en sus reuniones anteriores únicamente se trataban temas administrativos de índole burocrático, pero nada relacionado a concretizar políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.

No obstante, lo más alarmante es la suerte que ha tenido hasta ahora la “Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad” que hasta ahora sigue siendo “letra muerta” y no ha logrado para nada incidir en la realidad de vida de las personas con discapacidad.

La explicación de este hecho es simple:

Según la misma ley, hasta el 30 de junio del año 2021, el Ejecutivo hubiera tenido que elaborar y publicar el “reglamento” de dicha ley y hasta el 31 de diciembre del 2022 tenía tiempo para instalar el Tribunal Sancionador” y ninguna de las dos cosas han pasado hasta hoy.

Y todos sabemos: Una ley sin reglamento es como un carro sin ruedas. Por más potente que sea el motor, si el vehículo no tiene ruedas no se va a mover ni un centímetro.

Con las leyes es igual: Para que su articulado sea aplicable en la práctica requiere de reglas claras del “cómo” y estas reglas del cómo se hará, se establecen en el reglamento. Y mientras que estas reglas no existen, la ley simplemente no se aplica.

Y si no hay sanciones, ni nadie que los pueda imponer - aun teniendo el reglamento – la ley no se va a cumplir. El viejo refrán: ¡Donde no hay juez, no hay ley que valga!

Para guardar la apariencia de “legalidad” el ejecutivo hasta ahora ha pedido 6 veces prórroga a la Asamblea Legislativa, para cumplir con su obligación de instalar el “Tribunal Sancionador” lo cual la asamblea con su mayoría oficialista, por supuesto, cada vez ha aprobado con “dispensa de trámite”, ahora hasta el 1 de enero de 2025.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo es, desaparecer el “Tribunal Sancionador” por completo.

Esto quedó patente, cuando en junio del año pasado el ejecutivo presentó un pliego de reformas a la Ley Especial de Inclusión, que consta de 94 artículos.

Dicha propuesta de reformas ni siquiera fue conocida y mucho menos discutida por el “ente rector de políticas públicas en discapacidad” el CONAIPD, quitándoles a las organizaciones de las personas con discapacidad toda oportunidad de opinar y mucho menos de participar en la definición de su contenido – violando de esta manera los postulados de la convención.

Para mantener la apariencia de que, sí se escuchó a las personas con discapacidad con respecto a las reformas solicitadas por el Ejecutivo, pocos días después de haber sido presentada a la asamblea, la presidenta de la comisión de familia convocó a una serie de organizaciones e instituciones – y entre ellos también organizaciones de personas con discapacidad – para que “opinaran” sobre las reformas presentadas por el Ejecutivo.

No hubo tiempo para analizar detenidamente el pliego de reformas y mucho menos tiempo para que las organizaciones acordaran un posicionamiento en común frente a éstas.

A cada organización se le dio media hora para que expresara su “opinión”; sin embargo, no hubo ninguna oportunidad de discusión o de profundizar en el articulado y las consecuencias en caso de que fuesen aprobadas. Dicho en buen salvadoreño:  Fue un puro show o simulacro de “participación ciudadana”.

En cuanto a las reformas presentadas por el Ejecutivo, no podemos aquí entrar en detalles, pero si bastan señalar dos puntos para demostrar sus intenciones de convertir la Ley Especial de Inclusión definitivamente en “papel mojado” y de retroceder definitivamente en la aplicación de la Convención.

1. La reforma debilita el carácter de “ente rector de las políticas públicas en discapacidad” el CONAIPD, por cuanto lo convierte nuevamente en un ente híbrido entre instancia rectora e instancia ejecutora. Cambia además la correlación de fuerzas a su interior por cuanto, les quita dos representaciones a las organizaciones de personas con discapacidad mientras el ejecutivo mantiene sus 7 representaciones y – si esto fuera poco – termina con la presidencia rotativa la cual siempre estará en manos del Ejecutivo.

Cabe destacar, que una de las representaciones que se pierde es la de la niñez y juventud con discapacidad, la cual – según datos de la encuesta nacional en discapacidad del 2015 – constituyen casi el 25% de la población con discapacidad en el país que se queda sin voz ni voto.  Esto es una clara violación al numeral 3 del Artículo 4 de la Convención que obliga a los Estados Partes a tomar en cuenta a los niños y las niñas con discapacidad, “a través de las organizaciones que las representan”.

2. El “Tribunal Sancionador” cuyos tres integrantes actuarían de manera independiente del ejecutivo desaparece por completo y sería sustituido por una “Unidad de Cumplimiento de Derechos” del CONAIPD - dominado por el ejecutivo - convirtiéndose éste, en “juez y parte” al mismo tiempo. Así queda garantizado que la Ley de Inclusión será “letra muerta”.

Aunque las reformas todavía no han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa ya que la comisión parlamentaria en agosto del año pasado de repente suspendió la discusión de las reformas solicitadas, no nos cabe mayor duda, que tarde o temprano serán aprobadas.

Pero no solamente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa hacen caso omiso a la Convención. Desde que el ejecutivo – a través del Ministro de Gobernación - presentó el pliego de reformas a la Ley, lo hace también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La PDDH – desde la creación de la “mesa permanente de la PDDH para las personas con discapacidad” en 2006 había sido fiel aliado de las personas con discapacidad en sus luchas para avanzar en el cumplimiento sus derechos. 

Fue desde la “mesa permanente” y con el apoyo técnico y político de la PDDH que se logró la primera reforma al CONAIPD y el Decreto Ejecutivo 80.  Fue desde allí que se elaboró el anteproyecto de Ley de Inclusión entre el 2012 y 2014. Y la PDDH nos acompañó siempre en la lucha por su aprobación por la Asamblea Legislativa.

Es también por este apoyo incondicional de la PDDH que como organizaciones insistimos, que fuera la PDDH el organismo independiente para darle seguimiento al cumplimiento de la Convención, el cual la misma Convención exige y así quedó en la Ley Especial de Inclusión.

Como decíamos, desde el 2006 hasta junio del 2023 siempre hemos contado con el apoyo de la PDDH y sus titulares de turno – incluyendo su titular actual. Todavía el año pasado ella nos acompañó en el acto conmemorativo de entrada en vigencia de la Convención, instando al ejecutivo a presentar el Reglamento de Ley y la creación del Tribunal Sancionador.

Sin embargo, a partir de que el ejecutivo en junio del 2023 presentó su pliego de reformas a la Ley, la situación cambió.

No hubo ningún pronunciamiento de parte de la PDDH y de su titular a la forma inconsulta en que el Ejecutivo presentó la reformas.

No hubo ningún pronunciamiento de la PDDH en cuanto al contenido de las propuestas de reformas, señalando que éstas riñen con la Convención – tal como hubiera sido su deber, siendo el organismo por ley que debe dar seguimiento al cumplimiento de la misma por parte del Estado Salvadoreño.

Y para quedar más claros todavía: Comunicó a la “mesa permanente” que este año la PDDH no iba a participar en ninguna actividad conjunta con las Organizaciones de las Personas con Discapacidad en torno a la conmemoración de la entrada en vigencia de la convención.

Dejamos a Ustedes que interpreten los motivos de este cambio radical de postura de la PDDH y de su actual titular.

Conscientes de la triste y difícil situación en que vivimos – caracterizado por un

• La anulación de la separación de los tres poderes del Estado
• La aniquilación de la autonomía de aquellas instituciones que deben de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Seguiremos en la lucha por nuestros derechos.

En este sentido:

• Rechazamos rotundamente todas aquellas reformas a la “Ley de Inclusión” que van en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente aquellos que quieren limitar nuestra participación en igualdad de condiciones y de decidir sobre nuestro propio futuro.
• Exigimos a la Asamblea Legislativa que realice un proceso de consulta que permita una participación efectiva de nuestra parte en el análisis de las reformas propuestas y abstenerse de aprobar reformas que contradigan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Exigimos a la PDDH cumplir con su papel que por constitucionalmente le corresponde y asumir de verdad, su papel de “organismo independiente” en el seguimiento al cumplimiento de la Convención.
• Pedimos al cuerpo diplomático y a los organismos internacionales abogar por el fiel cumplimiento de los tratados internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad.

 “Nada sobre nosotros, sin nosotros”