El día 03 de mayo del año 2008, entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como Ley de la República de El salvador, lo cual constituyó un camino esperanzador para todas las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones en la lucha por el cumplimiento de sus derechos.

 Hoy, a 16 años de haber entrado en vigor la Convención, las organizaciones de y para personas con discapacidad seguimos presenciando cómo, lo que en su momento significó la ruta para la garantía de nuestros derechos, ha venido en declive debido a la falta de voluntad y de interés de los Gobernantes al no asumir su compromiso, en tanto que el Estado salvadoreño como signatario de la Convención está obligado con su implementación.

 No obstante, reconocemos que, a pesar de los innumerables obstáculos que hemos enfrentado, nuestra lucha organizada ha tenido resultados significativos, como la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en el año 2020, la cual mantiene el espíritu y los principios de la Convención, convirtiéndose ambas en herramientas para asegurar y proteger los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

 Otro logro que podemos subrayar es, que gradualmente nuestra sociedad ha avanzado hacia una comprensión menos excluyente acerca de la discapacidad, las diferencias humanas y la diversidad, aunque falta mucho camino que recorrer para la erradicación de la discriminación en la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Discriminación que alcanza su punto máximo en la vulneración o negación de derechos desde el mismo Estado.

 En tal sentido, nuestras demandas persisten y, actualmente, con más intensidad debido al pliego de reformas a la Ley Especial de Inclusión presentadas con carácter de urgencia el pasado 26 de junio de 2023 por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a la Asamblea Legislativa, reformas que amenazan lo establecido en la Convención en lo concerniente a la estrecha consulta a las representaciones de las personas con discapacidad, dejando de lado su No reconocimiento y protagonismo de la persona con discapacidad en la construcción de un encuadre legal inclusivo.

 Por todo lo anterior, las Organizaciones de y Para Personas con Discapacidad y sus familias demandamos los siguientes puntos:

 1. A la Asamblea Legislativa, a no establecer más prorrogas de la Ley de Inclusión y que se trabaje en los mecanismos necesarios para su pronta implementación.

 2.  A NO reformar el capítulo 18 de la Ley Especial de Inclusión concerniente al “Tribunal Sancionador”, puesto que estaría dejando la Ley, sin los colmillos, para sancionar contundentemente a quienes violen los derechos de las personas con discapacidad. Una unidad de sanciones adjunta al CONAIPD, como se plantea en las reformas, solo significa una burla para las personas con discapacidad porque serían juez y parte, donde se corre el riego de que primen los intereses de las instituciones y no de la persona.

 3. Al Ministerio de Hacienda, a girar directrices para que se incluya en la política presupuestaria 2025 fondos para la ejecución de la Ley Especial de Inclusión.

 4. A garantizar la Protección Social de las Personas con Discapacidad y sus cuidadores con la asignación de una pensión universal diferenciada, a fin de asegurarles una vida plena y digna.

 5. A mantener la autonomía del CONAIPD y la paridad lograda en el Decreto 80 en el año 2010 entre los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y representantes del Gobierno en un encuadre de ejercicio de democracia real, además de elaborar la Política Nacional de Discapacidad.

 6. Al viceministro de transporte, que las nuevas unidades de transporte sean accesibles para las personas con discapacidad, garantizando un trato digno y de calidad.

 7. Al Ministerio de Salud, que garantice el suministro de medicamentos especializados para las personas con discapacidad.

Señor presidente de la República, señores de la Asamblea Legislativa, las personas con discapacidad no deben continuar excluidas de sus derechos y a expensas de la buena voluntad de los políticos, quienes no toman como prioridad a este sector vulnerado. ¡Basta ya! de retrasar el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.   

 Nada de Nosotros sin Nosotros.

                                                                    San Salvador, 03 de mayo de 2024.-