En el 2014, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) reportó que El Salvador cuenta con 227,158 personas con discapacidad aptas para poder votar. El porcentaje de personas con discapacidad que tiene padrón electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ronda el 4.9 %. Sin embargo, sin las condiciones mínimas de accesibilidad esta población tiene dificultades para ejercer su derecho y continuará siendo excluida de los procesos electorales.

Algunas de las medidas de las cuales tenemos conocimiento que se han implementado es la colocación de 123 rampas en los principales centros de votación, en las elecciones del 2014. Es un avance si antes no se colocaba ninguna. No obstante, mejorar la accesibilidad física de los centros de votación sigue siendo un reto tanto a nivel urbano como rural.

La comunidad de personas sordas ha hecho el llamado para que los canales de televisión incluyan intérpretes de lengua de señas salvadoreña para que la información pueda llegar a este colectivo. En el caso de las personas ciegas es importante que se garantice que la información llegue en formatos accesibles, sobre todo, cuando hay cambios en las formas de ejercer el voto.

Las Juntas Receptoras de Votos (JRV), debieran ser capacitadas para atender a las personas con discapacidad que se acercan a votar, porque se han tenido denuncias que en ocasiones no se les ha permitido votar. En este sentido, es importante que se garantice la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.

El llamado a las personas con discapacidad es a ejercer el derecho al voto y a decidir por aquellos candidatos y candidatas que se comprometan con el cumplimiento de nuestros derechos.