Nosotros como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Hijos/Hijas con discapacidad de El Salvador “Los Angelitos” en el XVII aniversario de la conmemoración de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, decidimos conmemorar esta significativa fecha frente a la Asamblea Legislativa.

Como organización luchamos porque en nuestro país niñas y niños con discapacidad y, en general las personas con discapacidad tengan una vida digna y en libertad, es decir, el goce pleno de sus derechos para desarrollarse en condiciones de igualdad y tomar sus propias decisiones. Reiteramos este día, en el marco del 3 de mayo, fecha de conmemoración de entrada en vigor de la Convención, nuestro compromiso como familias a no cesar en nuestras demandas hacia el Estado salvadoreño para que cumpla con su obligación de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Nos preocupa el escenario mundial actual que se caracteriza por retrocesos en materia democrática y de protección de grupos poblacionales vulnerados, nos provoca mucha incertidumbre, precisamente porque niñas y niños con discapacidad y sus familias son mayormente golpeados por la exclusión, ya antes hemos sido invisibilizados por una buena parte de gobiernos, por lo tanto, el contexto actual nos hace prever la antesala a una mayor discriminación y abandono de la persona con discapacidad.

El Salvador, firmó y ratificó la Convención en el año 2007, a partir de ese momento la Convención se convirtió en ley de la República de El Salvador. El Estado adquirió el compromiso de hacer efectivas las obligaciones estipuladas en el Art. 4 de la dicha Convención. Por tanto, le hemos venido a recordar al gobierno, sus obligaciones adquiridas por Ley.

Como familias de hijos e hijas con discapacidad somos testigos y víctimas de la vulneración a los derechos de nuestros hijas e hijos con discapacidad, sin que nadie, en estos momentos, alce la voz y active mecanismos efectivos para frenar los abusos. No vemos por ningún lado el CONAIPD, ni siquiera para visibilizar la persona con discapacidad, no digamos de su obligatoriedad como ente rector de políticas y de la aplicación de la misma Convención, lo mismo podemos decir de la PDDH, quien guarda silencio ante las persistentes barreras que discriminan a las personas con discapacidad.

Somos una asociación con 20 años de trabajo con niñas y niños con discapacidad en zonas rurales, tenemos sobrada experiencia de que la inclusión es un proceso, por lo tanto, somos conscientes que no se logra de la noche al día, es más, la inclusión es una meta en constante movilidad, lo conocemos muy bien. También sabemos que, si el gobierno da pasos decididos en el camino de la inclusión, es algo que se traduce en condiciones reales de beneficio para las personas con discapacidad. La razón de ser de los tratados internacionales, el marco jurídico interno, es contar con directrices claras para implementar medidas para la erradicación de la exclusión. Es por eso que junto a otras organizaciones de y para personas con discapacidad, por más de un quinquenio, trabajamos para tener una Ley Especial de Inclusión, que fue aprobada en el año 2020.

Formular un instrumento jurídico interno para hacer efectiva la Convención, era una obligación del Estado. A pesar de ello, decidimos como organizaciones, demostrar al Estado nuestra convicción que no queremos ser objeto de misericordia sino sujetos de derechos, formulamos y presentamos nuestra propuesta, que hoy es ley.

Si se preguntaron, por qué hemos venido a conmemorar la Convención ante la Asamblea Legislativa, permítanme decirles que la razón es que vemos amenazada la Ley de Inclusión, debido a que, en junio de 2023, se presentó ante la asamblea un pliego de reformas a 94 artículos de la Ley. En esas reformas hay artículos que para nosotros como familiares de personas con discapacidad y, sabemos, que para organizaciones de y para personas con discapacidad significan un retroceso, es algo que nos preocupa sobremanera, tomando en cuenta que no existen estudios o registros de aplicación de la Ley que muestren la pertinencia de hacer reformas, es más, es una ley que ni siquiera cuenta con su Reglamento a casi 5 años de su aprobación, y con un capítulo que desde su aprobación quedó congelado, el capítulo XVIII, relacionado con la instalación del tribunal sancionador.

Por lo señalado anteriormente hacemos un llamado al gobierno actual para que cumpla los compromisos que nuestro país adquirió como Estado parte, de la forma siguiente:

• Asegurar la implementación de la Ley Especial de Inclusión, ya que es un instrumento jurídico armonizado con la Convención, haciendo de esta forma efectiva sus obligaciones frente a Naciones Unidas y frente a las personas con discapacidad de El Salvador.
• Garantizar recursos que sean enfocados en la inclusión de la discapacidad. De acuerdo al Análisis sobre la situación de personas con discapacidad, 2023”, del UNFPA el 20.4% de la población posee algún tipo de discapacidad, por lo tanto, es urgente la respuesta del Estado.
• Garantizar el acceso universal de las personas con discapacidad a la salud, educación, trabajo para lograr su desarrollo y la existencia de una vida con dignidad.
• Promover una inclusión laboral acompañada de políticas y programas efectivos dirigidos a erradicar la pobreza de las personas con discapacidad y sus familiares.
• Brindar servicios de calidad y específicos para la inclusión de niñas y mujeres con discapacidad. Según el informe del UNFPA, niñas y mujeres con discapacidad constituyen el 22.2% de la población.
• Exigimos nuestra participación como organizaciones de y para personas con discapacidad en la revisión y discusión de las reformas a la Ley Especial de inclusión, el Estado adquirió la obligación en la Convención, de incluir las personas con discapacidad en procesos de adopción de decisiones y a celebrar consultas estrechas a través de las organizaciones que representamos la discapacidad. Es preocupante, que en dichas reformas, se eliminan logros democráticos, ejemplo, la presidencia rotativa del conaipd entre Estado y Sociedad Civil. La anulación del Tribunal Sancionador y el papel de organismo independiente de monitoreo de la pddh, exigencias de la Convención en el artículo 33.
• Asegurar la eliminación de todo tipo de barreras que enfrentan niñas y niños con discapacidad y sus familias, así como las personas con discapacidad en general, esto pasa por la participación plena y eficaz de las organizaciones de personas con discapacidad en toda acción concerniente a sus derechos.

Exigimos acciones reales y efectivas para hacer realidad nuestros derechos contenidos en la Convención y en la Ley Especial de Inclusión, garantizando así el desarrollo de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones y la reducción de las desigualdades.

Como Asociación de padres y madres que tenemos hijas e hijos con discapacidad, junto a organizaciones de personas con discapacidad seguimos comprometidos a estar pendientes, dar seguimiento y denunciar cada vez que sea necesario el incumplimiento y vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin acción no hay inclusión

Vivir sin barreras

San salvador, 13 de mayo de 2025