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Miércoles, 25 Marzo 2015 00:00

Situación PCD

Escrito por  Asociación Los Angelitos
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Las personas con discapacidad (PCD), particularmente el sector niñez, fue  invisibilizado a través de la historia y sufrió una práctica continua de discriminación, siendo relegados a vivir a la sombra de la sociedad, sin garantías, ni derechos.

Ante esta situación surgió, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la necesidad de establecer una norma universal jurídicamente vinculante para reconocer y garantizarlos derechos que poseen las personas con discapacidad en todo el mundo.

En 1993 la ONU dio el primer paso adoptando “Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, que pretendían brindar a las personas con discapacidad las mismas oportunidades que a cualquiera. Dichas normas no eran vinculantes, por lo que en 2001 se decidió iniciar el proceso de elaboración de una convención.

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada  la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (La Convención). A partir de esa fecha inició el proceso de ratificación internacional.

Un elemento importante del documento es que logró consensar una definición universal sobre las personas con discapacidad, para su debido reconocimiento e identificación, incluyendo a todas las que tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Uno de los propósitos establecidos para La Convención fue “el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de todas las personas con discapacidad”.

Con el nacimiento de este marco regulatorio se contribuyó en el proceso de visibilización y reconocimiento de las personas con discapacidad, tanto a nivel internacional, como nacional. En el caso particular salvadoreño, la Asamblea Legislativa ratificó La Convención en el año 2007.

No existe un estudio profundo e integral sobre cuántas PCD habitan el país y explique cómo y dónde viven. Según el Censo de Población y Vivienda (2007) existen actualmente en El Salvador 235 mil 302 personas con algún tipo de limitación física o intelectual. Pero dicha cifra es desestimada por las organizaciones de personas con discapacidad, pues según parámetros internaciones, como los brindados por la Organización Panamericana para la Salud (OPS), la cifra podría superar las 800 mil personas, tomando en cuenta que en el país se desarrolló recientemente un conflicto armado.

Pese a la ausencia de investigaciones oficiales en esta materia, podemos afirmar que  El Salvador las condiciones de vida de las PCD son muy difíciles y con grandes limitantes en los diferentes ámbitos de la vida económica y sociocultural.

Los instrumentos jurídicos que amparan los derechos de las personas con discapacidad, como La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,  en la práctica son incumplidos y el Estado presta poca o nula atención a estas violaciones.

En el caso de las niñas y los niños con discapacidad en su gran mayoría carecen de servicios médicos adecuados, tampoco existen programas integrales de habilitación y rehabilitación, de manera general se enfrentan a un sistema educativo excluyente y la sociedad en su conjunto les margina o desvalora.

Un estudio realizado por la Asociación Los Angelitos revela que de 378 niños, niñas y jóvenes con los que se trabaja,  provenientes de Chalatenango, San Vicente, Cuscatlán y Usulután, 205 se encuentran edad escolar.

De los 205 en edad escolar solo 113 van a la escuela, entre ellos 55 niños y 58 niñas,  y los 92 restante No asisten a la escuela. Los datos muestran que el 45 por ciento de los niños y niñas se ven excluidos de una educación formal.

Las razones son diversas, pero la principal se atribuye a la falta de posibilidades que tienen las familias para movilizar a sus hijos e hijas, la falta de accesibilidad en la infraestructura educativa, por la negación de la admisión en el centro escolar y el desinterés de la misma familia o del niño.

Esta realidad se incrementa al estimar la cantidad de infantes con discapacidad que habitan todo el territorio salvadoreño y que se enfrentan a un sistema educativo excluyente.

Otro ámbito de gran importancia es la inserción laboral. Las personas con discapacidad son marginadas en las empresas y/o son contratados irrespetando sus derechos laborales.

Si bien,  el Gobierno del presidente Mauricio Funes manifestó su buena voluntad de trabajar por la inclusión de las PCD y, que de manera particularmente, durante el discurso brindado el 3 de diciembre de 2009, el presidente hizo público su compromiso de “fortalecer los mecanismos del Estado para hacer valer de forma eficiente y operativa sus derechos fundamentales”, los avances aún son muy reducidos.

Entre las acciones gubernamentales ejecutadas podemos señalar: la creación de la Dirección de Personas con Discapacidad, dentro de la Secretaría de Inclusión Social. La entidad tiene entre sus funciones contribuir en la difusión de la temática y su misión particular es  “la generación y articulación de acciones para que la población de personas con discapacidad disfrute de sus derechos como ciudadanos en el marco de igualdad que manda la Constitución Política y las leyes de El Salvador vigentes, tanto a nivel nacional como internacional”.

Otra importante medida fue la incorporación de fisioterapistas en los Ecos Familiares distribuidos  por el Ministerio de Salud en  28municipiosa nivel nacional, quienes brindan servicios de habilitación y rehabilitación.

Por otra parte,  el  Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), fue reestructurado, vía Decreto Ejecutivo  en junio de 2010, con el propósito de convertirlo en el “ente rector del proceso de formulación y diseño de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, así como del aseguramiento de su implementación, seguimiento y evaluación, y de la normativa relacionada con las personas con discapacidad”.

Sin embargo, CONAIPD  trabajo a paso lento y aun no se ha podido articular una política pública que integre las estrategias de inclusión y respeto a los derechos de las PDC.

Otro organismo público es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), que cuenta solo con tres centros de atención ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, limitando su cobertura a un reducido grupo de personas.

En el caso de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDHH) se ha creado recientemente el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, adscrito a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Departamento de Discapacidad es el encargado de la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad, integrada por 37 organizaciones, entre ellas asociaciones y fundaciones de familiares y personascon discapacidad, organismos no gubernamentales y universidades.

La Mesa es un espacio de gran importancia para la sociedad civil, ya que permite articular los esfuerzos en materia de incidencia pública y política y desde ahí se impulsan procesos como la reforma a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Leído 845 Tiempo Última modificación Lunes, 27 Abril 2015 22:39
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Quienes Somos

Somos una Asociación conformada por mamás, papás y familiares de hijos e hijas con algún tipo de discapacidad física, Intelectual, psicosocial o sensorial que no pueden representarse por sí mismo. Surgimos en el año 2004, en el Departamento de Chalatenango. Actualmente,  contamos con afiliados y afiliadas en Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulután y San Salvador, buscando extendernos a todo el territorio nacional. Nuestro carácter es gremial, reivindicativo democrático y sin adhesiones partidistas ni preferencias religiosas o de raza. 

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